Andrés Jaramillo

Acción Ecológica y el delito de existir

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El Ministerio del Ambiente desechó el proceso de disolución que se había abierto contra la organización ambientalista Acción Ecológica.
Se la señalaba por supuestamente apoyar hechos violentos y actuar al margen de los principios para los que fue creada.

Las pruebas presentadas por parte del Ministerio del Interior -que pidió la disolución- fueron principalmente mensajes de la organización publicados en redes sociales sobre el conflicto minero en Morona Santiago, de diciembre pasado.

Pero lo que esas publicaciones mostraban es la posición que tiene la organización frente a la actividad extractivista.

En una se lee, por ejemplo: “petróleo y minería, la misma porquería” Y en otra: “El intento de las empresas chinas de que sea el segundo megaproyecto en marcha sobre territorio shuar solo es un paso más en la construcción de un gran distrito minero en toda la zona, que afectaría a la totalidad del territorio shuar”.

Acción Ecológica considera que la minería afecta el medio ambiente y consecuentemente también a las comunidades que se asientan en las zonas de explotación.

Hace 30 años, cuando fue creada, entre sus principios se estableció precisamente la necesidad de que exista un espacio para defender la naturaleza y la soberanía de los pueblos. Fueron llevados al banquillo por cumplir con su razón de ser; de existir, lo que no es considerado un delito en la ley.

El Ministerio del Ambiente finalmente lo tomó en cuenta y ahora deja un antecedente importante de respeto a los derechos colectivos. La Constitución de la República en el artículo 57 reconoce y promueve todas las formas de expresión y organización. Incluso cuando esos colectivos no piensen igual que las autoridades de turno o no todos coincidan con los métodos de acción de las organizaciones.

La Constitución también garantiza en el artículo 66 el derecho a opinar y expresar su libre pensamiento en todas sus formas y manifestaciones de manera pública.