José Gallardo Román

La alternancia en el poder

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Columnista invitado

Hace más de 60 años en el colegio aprendimos que el Gobierno del Ecuador era “popular, representativo, electivo, alternativo y responsable”.

La alternancia en el poder viene desde el inicio de la República y está sólidamente encarnada en la conciencia de la población, tanto que se la hizo constar en la Constitución actual, aprobada hace siete años.

Los gobernantes que intentaron desconocer la alternancia en el poder, sufrieron terribles consecuencias. Juan José Flores fue derrocado violentamente el 6 de marzo de 1845; Gabriel García Moreno, no obstante su gran obra educativa y de beneficencia social, realizada a un costo mínimo gracias a la virtud y sabiduría de las congregaciones religiosas traídas de Europa, terminó asesinado, sin embargo de encontrarse reelecto por una amplia mayoría de votos; y Eloy Alfaro, el constructor de la mayor extensión del ferrocarril transandino y autor de la más importante transformación política del país, fue incinerado, tras enfrentamientos que anegaron en sangre al Ecuador y dejaron numerosas viudas y huérfanos.

Al contrario, Vicente Rocafuerte, otro de los grandes constructores del país, que en esos tiempos de brutal anarquía ordenaba “palo y más palo a la ciudadanía” y del que se ha dicho que fusiló más personas que García Moreno, respetó la alternancia en el Gobierno Nacional.

Ahora se pretende que 100 asambleístas la eliminen, a pesar que más del 80% de la población rechaza ese procedimiento.
Los gobernantes deben comprender las razones de ese rechazo del pueblo y atender al creciente pedido de que se le consulte sobre tan crucial reforma constitucional, porque está plenamente consciente de que en las manos de cualquier presidente radican poderosos recursos de los que carecen los otros candidatos, y que también, en la búsqueda de la reelección, se deja a un lado el recto criterio del buen gobierno y se da paso al populismo y la demagogia, y porque, además, hay el fantasma del fraude electoral. Estos peligros son mayores cuando el poder total del Estado está centralizado en las manos del gobernante de turno.

Envolver en el mismo paquete de reformas y enmiendas la reelección presidencial y la de los congresistas, prefectos y alcaldes, no es correcto porque estos carecen de la capacidad que tiene el presidente de intervenir decisivamente en las elecciones.

De ahí que en muchos países los legisladores pueden ser elegidos para períodos sucesivos, ya que para legislar y fiscalizar se necesita de larga experiencia. Y en el caso de los alcaldes y prefectos o de sus similares, la reelección para más de un período es menos peligrosa porque sus funciones son fundamentalmente administrativas y porque es más factible que sus acciones sean sancionadas por los organismos de control. Lo dicho no se cambia con una transitoria que disponga que en las próximas elecciones no participen los que cumplirán en el 2016 dos períodos en el ejercicio de sus funciones.