Milton Luna

Un solo actor

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10 de November de 2012 00:01

Una de las principales consignas de la “Revolución Ciudadana” fue la recuperación del protagonismo del Estado en todos los ámbitos. Al mismo tiempo, proclamó una desbordante participación de la sociedad civil en el diseño y control de las políticas públicas.

La concreción de esta visión de Estado y de Sociedad se dio en la Constitución del 2008. El resultado fue una norma que lleva en su interior dos entidades poderosas, pero contradictorias en grado extremo. A momentos se podría hablar de una Constitución con “doble personalidad”.

Por un lado, de manera excluyente se blindan competencias de formulación y decisión de las políticas para el Estado, particularmente para el Ejecutivo, en una línea de excesiva concentración de poder, un hiperpresidencialismo. En el ámbito educativo este enfoque se evidencia en el artículo 261 de la Constitución: “El Estado central tendrá competencias exclusivas sobre... Las políticas de educación...”.

Los gobiernos autónomos descentralizados, caso de prefecturas y gobiernos parroquiales no tienen ningún rol en educación. Los municipios redujeron su papel a infraestructura educativa.

En la Constitución, la mentada exclusividad del Gobierno Central choca con una nutrida presencia de artículos que hablan y garantizan la participación de la ciudadanía en la construcción, vigilancia, planificación e incluso gestión de las políticas públicas. Uno de ellos manifiesta con contundencia, art. 95: “Las ciudadanas y ciudadanos, en forma individual y colectiva, participarán de manera protagónica en la toma de decisiones, planificación y gestión de los asuntos públicos y en el control popular de las instituciones del Estado y la sociedad, y de sus representantes, en un proceso permanente de construcción del poder ciudadano…”.

La tensión y confrontación entre el exclusivismo del ejecutivo y la participación social, se “resolvió” en nueva ley de educación, en la LOEI (Ley Orgánica de Educación Intercultural) y en forma más clara y contundente en el Reglamento de la Ley dictado hace poco. Allí, definitivamente, aparece con fuerza la poderosa presencia de la “rectoría” de la autoridad educativa central. De manera marginal se dibuja una debilitada participación social.

Más allá de lo normativo, en educación -desde el 2007 hasta la fecha- creció el poder del Ejecutivo. Del influyente gremio de maestros va quedando un recuerdo. El movimiento estudiantil, igual que su último luchador, el estudiante Edison Cosíos, está en terapia intensiva. La sociedad civil y ONG, cercadas, reducen sus espacios de acción e incidencia. La cooperación cabizbaja es cada vez más funcional.

En todos estos años hay logros en educación, pero también hay serias deficiencias. El país, sin equivocarse, puede pedir cuentas, aplaudir o rechazar a un solo actor: el Ministerio de Educación.