Farith Simon

Un nuevo abuso

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Suena avanzada la declaración constitucional que establece el "…principio de ciudadanía universal, la libre movilidad de todos los habitantes del planeta y el progresivo fin de la condición de extranjero como elemento transformador de las relaciones desiguales entre los países, especialmente Norte-Sur". Al aprobar este texto los constituyentes del 2008 hicieron una de esas muchas declaraciones revolucionarias que en poco tiempo perdieron sentido. A poco tiempo de la entrada en vigor de la Constitución, el gobierno ecuatoriano introdujo la exigencia del llamado ”pasado judicial", un certificado de antecedentes penales para los colombianos; una medida claramente populista para responder a la preocupación de la ciudadanía por la seguridad. No les importó a las autoridades que esto representara una contradicción con un principio aprobado unos cuantos meses atrás.

En su momento varias organizaciones presentaron una demanda de inconstitucionalidad contra la decisión, demanda que nunca se tramitó en la Corte. Este fue uno de los mensajes más claros de la inconsecuencia de la política gubernamental en materia migratoria con los derechos declarados; a su vez puso en evidencia el penoso rol de la Corte Constitucional que se alejaría en este, como en otros temas, de su rol de institución llamada a proteger la integridad del sistema jurídico ecuatoriano y las políticas públicas con la Constitución.

A esto le siguió la reglamentación para el trámite de la concesión del estatus de refugio, mediante un decreto ejecutivo que introdujo una serie de requisitos claramente incompatibles con los compromisos internacionales que nuestro Estado asumió en esta materia. La Corte en este caso sorprendió a muchos declarando parcialmente la inconstitucionalidad de ese reglamento, modificándolo en parte, lo que sin superar todas las contradicciones puede considerarse un pequeño avance en un contexto de permanente retroceso.

Con el tiempo las autoridades introdujeron la exigencia de visas para la admisión de nacionales de ciertos países, incluidos los ciudadanos cubanos que habían elegido nuestro país como su alternativa para una vida mejor o como espacio de tránsito hacia los Estados Unidos.

Manuela Picq, es otro caso que refleja la inconsistencia entre el discurso y la práctica de nuestras autoridades en los temas migratorios, nos permitió conocer cómo actuaban esas autoridades aplicando reglas abiertamente contradictorias con nuestra Carta Magna, cómo se violaba en la justicia los más básicos compromisos con el debido proceso y los derechos que están llamados a garantizar. Este evento también permitió que el gran público conozca la existencia del llamado “Hotel Carrión”, una cárcel oculta detrás de un eufemismo, un parapeto para burlar toda medida de protección para las personas privadas de la libertad por cuestiones migratorias.

La detención y el proceso de deportación contra unos 140 migrantes cubanos, la semana pasada, es un nuevo capítulo de esta historia de abusos en el país de la ciudadanía universal.

@farithsimon