Miguel Rivadeneira

Otro abuso comprobado

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14 de November de 2011 00:01

Lo que le sucediera al radiodifusor de Macas, Wilson Cabrera, es otra demostración de los abusos que se cometen, con la anuencia oficial, por acción u omisión, y una vez confirmado con pruebas, documentos y hasta testimonios de altas autoridades. Según el ordenamiento jurídico, a él la Policía Nacional le impidió su salida del país, en clara violación de la Constitución (art. 66, n. 14), que consagra el derecho a entrar y salir libremente del país y solo podrá impedir una orden de juez competente. Se violaron sus derechos fundamentales y eso es un delito, que tipifica el art. 213 del Código Penal, que sanciona con prisión cualquier acto arbitrario y atentatorio contra las libertades y derechos garantizados por la Constitución.

Él debió viajar a Washington como parte de la delegación que fue a la Comisión Interamericana de DD.HH. para exponer la situación de la libertad de expresión y en su caso cómo le cerraron su radio, sin el debido proceso y el derecho a la defensa. Por ello, con razón el presidente de la Asamblea, Fernando Cordero, calificó a este hecho como un atropello y una arbitrariedad que no puede aceptarse ni pasarse por alto, sino que debe ser sancionado luego de las investigaciones que le había ofrecido realizar el Ministro del Interior. Insistió que aquí haya daños y perjuicios y tenía que encontrarse a los responsables del hecho.

No se sustentó legalmente el impedimento y solo aparecieron dos reportes en la Policía de Migración: el uno cuando Cabrera intentó salir por el aeropuerto de Quito y le notificaron que tenía el impedimento tipo D, impuesto por la autoridad “Comandos Provinciales” (así consta en el documento) y el segundo: cuando por arte de magia desaparece el impedimento y reaparece la hoja limpia, lo cual es grave por la manipulación de datos oficiales.

Más allá de los errores que pudiera haber cometido el radiodifusor, tenía que sustentarse en Derecho el impedimento. Las pruebas del abuso están a la vista y solo falta determinar qué autoridad dispuso y con la complicidad de qué oficial. Esto no es un “error” de un policía ni una digitadora, que cumplen órdenes. En medio de la búsqueda de justificativos, hoy se pretende sostener que el impedimento vino del Intendente de Morona de hace más de 4 años, que tampoco hicieron constar en la hoja.

Si el Ecuador viviera una plena democracia y un estado de Derecho ya se hubiera determinado a los culpables y sancionado y de no haberse encontrado, las máximas autoridades del ramo tendrían que asumir su responsabilidad por acción u omisión. En otro país respetuoso del ordenamiento jurídico esto les habría costado los puestos y la instauración de acciones legales por el abuso de autoridad y otra manipulación de la institución, pero aquí sigue la impunidad, lo que tanto criticaron del pasado.