9 de April de 2010 00:00

El Frankenstein

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Enrique Ayala Mora

Según la Constitución forman parte de la “Función de Transparencia y Control Social”   el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social,  la Contraloría General del Estado, las superintendencias y la Defensoría del Pueblo. Controla y fiscaliza a las entidades públicas y a las personas privadas que tienen a cargo servicios públicos; promueve la participación y los derechos de la ciudadanía, y combate la corrupción.

Sus mentalizadores juntaron allí las entidades de control y metieron sin son ni ton la participación ciudadana, que debe darse en todas las instancias del poder público y no solo en un organismo. Se les ocurrió también agrupar entidades diversas, que por su naturaleza son autónomas y deben funcionar dentro de su propio ámbito. Por eso, tras el pomposo nombre solo se dispone que los titulares de cada organismo formaran una “instancia de coordinación” a la que no se da nombre, con vagas e insustanciales atribuciones.

La tal función es un agrupamiento arbitrario de organismos puestos uno al lado del otro sin posibilidad de que conformen una unidad orgánica con atribuciones claras y definidas. Un Frankenstein, que cuando se lo puso en nuestra Constitución, su modelo venezolano era ya un sonado fracaso.

El Consejo de Participación Ciudadana tiene una inmensa gama de deberes y atribuciones, que van desde la vaga responsabilidad de promover la participación, la deliberación pública, la formación en ciudadanía, los valores, la transparencia, hasta la lucha contra la corrupción. Todas etéreas y declarativas. Y la mayoría, responsabilidad de otros organismos.

Pero, por otro lado, el consejo nombra Procurador General y Superintendentes, a propuesta del Presidente de la República, designa Defensor del Pueblo, Defensor Público, Contralor, Fiscal General, miembros del Consejo Nacional Electoral, del Tribunal Electoral y del Consejo de la Judicatura que, a su vez, nombra ministros de la Corte Nacional y otros funcionarios. Las designaciones siguen la misma selección por concurso, que se ha revelado como altamente manipulable y no representativa. El Consejo acumula un poder inmenso, superior a la Asamblea Nacional, que puede ser ejercido con la mínima mayoría.

En el  nuevo Consejo de Participación, están su concepción y estructura, antidemocráticas, regresivas y violatorias del principio básico de la representación. Nadie puede ejercer potestad pública si no es electo por los ciudadanos o sus representantes.

El consejo y la función de transparencia no deben existir. Mientras más pronto iniciemos una campaña para su eliminación constitucional, se empezará a desmantelar la trama reaccionaria, corporativista y autoritaria que la ignorancia y la novelería impostaron en la Constitución .

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