2 de November de 2009 00:00

Corrupción e impunidad

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Miguel Rivadeneira V.

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Las quejas permanentes por la enorme acumulación de causas, la demora en los procesos judiciales y fundamentalmente por la impunidad ante la galopante corrupción corroen la democracia y hacen perder aún más la confianza en las instituciones llamadas a poner orden. El problema de la corrupción no es nuevo, pero no puede ser un consuelo porque sigue patente pese a la gran cantidad de denuncias documentadas y el tiempo y la inoperancia se encargan de taparlas o archivarlas.

El combate a la corrupción resulta un cuento. Representantes de los entes de control (Procuraduría, Contraloría, Superintendencias, Policía Judicial, Fiscalía, Corte de Justicia, entre otros) desde diciembre del año 1999  se han reunido esporádicamente para tratar de establecer acciones de combate a este mal, pero se siguen esperando resultados. Se anuncian nuevas reuniones pero se requieren acciones concretas más allá del suceso mediático. Ahora hay hechos que merecen respuestas contundentes. Lo que interesan son  providencias, dictámenes, sentencias, que muestren lo que dicen en sus discursos.

El Contralor del Estado denunció hace 12 días en Ecuadoradio, con una dosis de frustración, que hay lentitud en las acciones de la Función Judicial y la Fiscalía. 7 000 casos de seguimiento diario en los juzgados y cortes para que no caigan en caducidad y desde febrero de 2007 más de 560 informes con indicios de responsabilidad penal en la Fiscalía y que siguen pendientes. Uno de ellos, presentado hace casi un año y medio a la Fiscalía por las irregularidades detectadas en la administración de la Asamblea Constituyente de Montecristi, con indicios de responsabilidad penal.

En la Fiscalía se pierden ocho cuerpos del proceso de investigación  por el caso de la renegociación de unos tramos de la deuda externa, pero nada más. Fabricio Correa denuncia casi todos los días corrupción en la administración de su hermano menor y los acusados ni se inmutan. El asesor jurídico de la Presidencia denuncia que los jueces penales son delincuentes y debe tener argumentos, aunque irresponsablemente no los exhiba ni dé  nombres, porque fue asesor de un ex Presidente de la Corte, de Febres Cordero y vinculado al PSC. 

Lo grave de todo es que cuando se exigen resultados tangibles se responde con justificativos y chivos expiatorios y lo de siempre: se requieren nuevas reformas penales, pese a que las últimas, vigentes desde marzo pasado, se reivindicó el éxito e incluso le hicieron destacar al Presidente la importancia de las mismas para ahora volver a reformarlas. No se duda de los esfuerzos, la entrega de nuevos recursos, la creación de salas, adquisición de locales, pero la corrupción va  más rápido y por ello se demanda mayor agilidad y concreción en las respuestas.  

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