La verdad es como ají que irrita, por más que quiera ignorársela, irrita y se nota en quien se siente herido porque miente. Expresiones, gestos y muecas de Correa demostraron, el 20 de marzo, que las verdades lo irritan superlativamente.
Tomemos el caso Coca-Codo Sinclair, en que Correa es el principal responsable de su manipulación. Tras años desperdiciados desde 1970 que se retomó el proyecto cuyos estudios de factibilidad y diseños fueron suspendidos en los 90’ por supuestos riesgos sísmicos. Los técnicos propusieron cambios constructivos que debían pasar a diseños que no demorarían más de 18 meses, que permitirían, en cálculos gruesos, en cuatro meses al año de abundante lluvia, 1 500 megavatios, pero en estiaje en la vertiente oriental de los Andes tendría una severa caída, al no planificarse reservorio de agua.
Correa se alocó, tomó la cifra pico, 1 500 megavatios, omitió la advertencia de los estiajes, y proclamó que haría la hidroeléctrica más grande del Pacífico Sur. Se negó a contratar estudios de consultores, prefiriendo que la obra sea llave en mano, que la contratista haga todo, estudios, diseño y construcción, modalidad contractual de usuales sobreprecios, más conocida como de “lleve en mano”.
Después de negociar con un dudoso personaje, Julio De Vido, para que Argentina se asocie, Correa invitó a un sainete en Carondelet, el 21 de abril del 2008, a su presidenta, la señora Kirchner, descubriendo la “Placa recordatoria de la inauguración del proyecto hidroeléctrico Coca-Codo Sinclair”. ¿Cómo era la pillería? Usaban un membrete estatal argentino Enarsa, para que empresarios argentinos se lleven el contrato. La denuncia que estaría negociándose el precio de USD 1 600 millones -el cálculo del 2007 había sido de 1 200 millones- y la cuasi quiebra de Argentina llevaron a romper el acuerdo y el Ecuador ilícitamente “compensó” al Gobierno argentino con 5.5 millones.
Con los chinos negociaron desde febrero de 2009, con una licitación que no tuvo otros oferentes, por el tufo de negocio amarrado. Se violó la ley que regula la contratación pública. Para los contratos ‘llave en mano’, en el art. 53 se exige “que la entidad contratante cuente con los estudios completos, definitivos y actualizados” y se prohíbe “la inclusión de fórmulas de reajustes de precios o cualquier otro mecanismo de variación de precios”. El contrato firmado con Sinohydro, fue llave en mano, asignándole desde la revisión del diseño conceptual hasta la ingeniería básica y de detalle y luego la construcción, combo a USD 1 979,7 millones, más futuras revisiones de precio por indexaciones específicas. Un costo brutal.
Un gobierno honesto habría tenido que revisar el contrato, por eso las exigencias, sin precedentes, de garantía para su financiamiento.