Este tramo del Cisne II, en el suroeste de Guayaquil, es parte del espacio recuperado del estero Salado. Allí se adecuó un parque lineal, áreas verdes y recreativas.Foto: Mario Faustos / EL COMERCIO
En el Cisne II volvieron a bañarse en el estero Salado. “Ahora tenemos una playa”, dice sonriente Cecilia Acosta. Sus abuelos llegaron a este barrio del Suburbio guayaquileño hace 50 años, cuando solo había puentes de caña. “Con el tiempo se llenó de basura; ahora hay juegos infantiles, la gente trota, hasta pesca”.
Marco Obando comparte el mismo estero, aunque su opinión es distinta. “Es insoportable”, dice y ve el agua verdosa del ramal de Puerto Lisa, que cruza el puente 4 de Noviembre, también en el Suburbio.
Junto a su casa, un ducto abierto de aguas-lluvias lleva algo más que agua. “Se conectaron ahí para el alcantarillado”, explica Carlos Jijón, otro vecino. “Antes había jaibas, mejillones… Ahora nadie comería lo que sale del Salado”.
Esas dos caras del estero abren otra brecha entre el Gobierno y el Cabildo porteño. La pugna surge seis años después de la puesta en marcha de un proyecto de recuperación gubernamental y se enfoca en el servicio municipal de alcantarillado con que cuentan las 69 cooperativas populares del sur de la ciudad, asentadas a lo largo de ocho ramales.
La remediación del Salado es parte de Guayaquil Ecológico, un paquete de proyectos ‘verdes’ propuesto por el Gobierno, que además incluía dar impulso a la isla Santay y el parque Samanes. Los ministerios de Ambiente y de Vivienda son sus ejecutores.
Comenzó en octubre del 2010 y hasta ahora el Estado ha invertido USD 143 millones para descontaminarlo. Sin embargo, el ministro del Ambiente, Daniel Ortega, aseguró el sábado pasado que los resultados no son positivos en toda la extensión del estuario.
Explicó que nueve de cada 10 puntos evaluados incumplen la norma ambiental sobre descargas de coliformes fecales. “En promedio superan 80 veces la norma”.
Antes, la ministra de Desarrollo Urbano y Vivienda, María de los Ángeles Duarte, anunció que tampoco completarían el plan de reubicación de familias asentadas en sus orillas en planes habitacionales. El 20 de febrero detalló que han reasentado a 3 000 de 8 175 familias; y que construyeron 10 de los 42 kilómetros de parques lineales planificados.
El proyecto debía finalizar en el 2017. Pero el 16 de febrero pasado el presidente Rafael Correa -quien ofreció bañarse en el estero el próximo año- anunció que no lograrán descontaminarlo por completo, debido a la falta de recursos.
Desde entonces, las críticas del Mandatario apuntan al Cabildo. “Descontaminar el estero Salado es competencia del Municipio de Guayaquil (…). Esto es delito ambiental”, dijo Correa el 12 de marzo.
El alcalde Jaime Nebot le respondió el miércoles, en su enlace radial. “No hay disputa, hay una crisis financiera en el Gobierno que le impide hacer obras. Entonces se dedican a desprestigiar la obra de los que sí hacemos”.
De acuerdo con el Ministerio del Ambiente, 45 000 predios cercanos al estero no tienen alcantarillado. Según Emapag e Interagua, empresas encargadas de la regulación y manejo del alcantarillado en Guayaquil, las 400 000 personas que viven alrededor del Salado son parte de la red pública de alcantarillado.
Pero 40 000 “no han cumplido con su obligación de conectarse” por falta de recursos. Una conexión intradomiciliaria cuesta USD 300, monto que el Cabildo cubrirá bajo un financiamiento especial.
Para la Asamblea de Usuarios de Servicios Básicos de Guayaquil, tanto el Gobierno como el Cabildo son responsables de lo que pasa en el Salado. Alfredo Carrasco, presidente de la veeduría, recuerda que desde el 2011 alertaron sobre su contaminación.
Pidieron inspecciones y análisis, pero todo quedó en papeles.
El fin de Guayaquil Ecológico era recuperar aquella postal del brazo de mar limpio de mediados del siglo XX, antes de que el aumento poblacional e industrial -que arrancó en los 60-, marcara su decadencia.
Hace tres años, un informe del proyecto ya resumía la pésima salud del Salado, que es parte de un área protegida: bajas concentraciones de oxígeno, altos niveles de sulfuro de hidrógeno en sus lodos, presencia de mercurio y plomo.
La bióloga Paola Calle, de la Politécnica del Litoral, cree que el alcantarillado óptimo mejorará el estado del estuario. Pero no es la única medida.
“Algo aislado no resuelve el problema. Hay que hacer reforestación, fitorremediación, frenar las invasiones… Pero no creo que se recupere al 100%”.
La investigadora urbana Patricia Sánchez ve positivamente este alto al proyecto. Confía en que se detendrán los desalojos y en que nazcan propuestas desde la comunidad.
“Hay quepensar en la reubicación in situ. En el Suburbio hay muchas casas por las que han pasado hasta cuatro generaciones. Esas familias merecen seguir ahí, con todas las atenciones básicas”.