Mario Fárez (I), Gloria Fajardo, Eligio Guarango, Carlos Sucoshañay y Rafael Duchi ofrecieron este 16 de noviembre del 2019 una conferencia de prensa en Cuenca. Foto: Manuel Quizhpe / EL COMERCIO.
Cuatro habitantes de la parroquia cuencana de Chaucha fueron llamados a declarar en la Fiscalía del Azuay. Ellos son acusados por la empresa minera Ruta de Cobre de obstaculizar a los medios públicos.
Este martes 17 de diciembre del 2019, desde las 09:00, los cuatro involucrados deberán rendir sus versiones y defenderse de lo que se les acusa. Ellos, por ahora, tienen el apoyo de la Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador (Ecuarunari), de la Confederación de Nacionales Indígenas del Ecuador (Conaie), y otras organizaciones.
Según Carlos Sucoshañay, presidente de la Ecuarunari, los cuatro acusados por la empresa minera tienen el respaldo total de las organizaciones. “A ellos se les está criminalizando por defender su territorio, la naturaleza, el agua y por negarse a las actividades mineras en el país”.
Él y otros dirigentes antimineros del Azuay ofrecieron una conferencia de prensa en Cuenca este lunes 16 de diciembre del 2019. Allí anunciaron que están decididos a defender sus territorios y que no se dejarán amedrentar de nadie porque están dispuestos a todo.
Eligio Guarango, habitante de Chaucha, considera “una persecución estatal” en contra de los llamados a rendir su versión. Él aseguró que no existe ninguna prueba de lo que se les acusa. “Es triste vivir en el campo y ser atropellado de las transnacionales, como son las empresas mineras”.
En agosto del 2012, el Concejo Cantonal de Cuenca aprobó la investigación de prospectos de cobre en 2 544 hectáreas de Chaucha. La resolución tuvo el carácter de condicionado por cinco años. Los dirigentes denuncian el ingreso de maquinaria a Chaucha sin cumplir con el requisito de consulta previa a las comunidades.
El 18 de noviembre de 2019, la Dirección de Gestión Ambiental de la Prefectura del Azuay realizó una inspección de campo en Chaucha. El prefecto, Yaku Pérez, aseguró en ese entonces que la inspección se hizo por pedido de los habitantes de las diferentes comunidades.