Fernando Benalcázar, viceministro de Minería. Foto: Archivo / EL COMERCIO
Entrevista a Fernando Benalcázar, viceministro de Minería.
¿Qué percepción tienen los inversionistas sobre la minería en el Ecuador?
Ecuador es visto como un destino de inversión. El mejor indicador es que en el primer semestre de este año, el 61,4% de la inversión extranjera directa vino de la minería.
Ecuador presentó en Australia su política minera a finales de octubre. ¿Hay interés de empresas de ese país por participar en minería en Ecuador?
Los accionistas que están en Ecuador están contentos con lo que Ecuador les ha ofrecido, están conscientes de que hay problemas como en cualquier lado del mundo. El gerente de Sunstone (minera australiana que explora en Loja) me dijo que si el Gobierno de Ecuador no hubiera introducido el cambio al reglamento que permite la perforación anticipada, la empresa no se iba a quedar en el país. Con el cambio, que se dio en febrero del 2019, la firma pudo hacer perforación limitada y aceleró la fase de exploración inicial a una de exploración avanzada. Solo con esta empresa ya hay USD 30 millones invertidos. Además, estamos buscando nuevos prospectos, estamos negociando tres o cuatro proyectos nuevos, especialmente de oro. En el país hay cinco empresas de Australia que han invertido USD 1 153 millones en exploración.
¿Los pedidos de consulta popular para que se prohíba la minería en Azuay y la situación de Río Blanco preocupan a los inversionistas australianos?
El año anterior les preocupaba, este año no. Cuando la Corte Constitucional negó el pedido en Azuay creó un antecedente muy positivo para la industria minera. El ente estableció que solo si hay condiciones que justifiquen una violación o un posible daño constitucional se dará cabida a estos pedidos. Con ello, la Corte dio un mensaje claro de que no se trata solo de querer o no querer la minería.
¿Cuál será la participación de la actividad minera en el PIB este año?
Esperamos que sea de 1,72%. Para el 2021, el PIB minero se prevé que sea del 4%, eso lo teníamos planificado y se mantiene.
¿Cómo afecta la paralización del proyecto Río Blanco a las estimaciones del PIB minero?
Río Blanco está suspendido. Es preocupante porque es un proyecto que puede aportar 59 000 onzas de oro al año a la producción nacional y proyecta envíos por USD 635,56 millones hasta el 2028. Está suspendido por un tema legal.
La Corte Constitucional aceptó su pedido para que se revisen las medidas de protección dictadas por jueces de menor jerarquía que mantienen parado Río Blanco, ¿qué viene ahora?
Esperamos que en tres semanas la Corte nos llame a audiencia en la que vamos a presentar los argumentos para que los jueces escuchen nuestra ponencia que plantea que se reactive el proyecto. Pero esto no es suficiente para reabrir operaciones. Se necesita dar seguridad al inversionista y nos preocupa ver que hay presencia de grupos antimineros violentos que han quemado el campamento y han atacado a grupos a favor del proyecto. Mañana (hoy), los representantes de la empresa a cargo del proyecto se reunirán conmigo y el nuevo Ministro de Energía para hablar de estas preocupaciones y evaluar un plan de acción.Son USD 57 millones que hemos dejado de recibir. Los accionistas del proyecto han expresado su preocupación formal, se lee entre líneas que están saturados de la suspensión, tienen varios millones invertidos en ese proyecto.
¿Las repetidas paras en el proyecto de cobre Mirador han afectado al cronograma de trabajo?
En mi administración se ha paralizado la operación por dos accidentes mortales, un reciente incidente (que fue el 6 de noviembre) que dejó un herido y porque no invertían en personal calificado ecuatoriano. El último accidente requirió que la contratista, responsable del incidente, presente un plan de acción que se presentó la semana pasada y aún lo estamos revisando. Mientras tanto, la actividad en la zona del accidente, un túnel, seguirá parada. Eso no afectará el proceso de exportación que se está llevando a cabo. Estos accidentes son muy recurrentes y no pueden seguir pasando.
Luego de los problemas en Buenos Aires, ¿cuál es la posición de la empresa australiana que tiene esa concesión?
Las concesiones de Buenos Aires se dieron a Hanrine. Esta empresa pidió a los pocos meses de los problemas una suspensión como lo permite la ley. Ellos tenían cuatro años para hacer sus inversiones, pero cuando pidieron la suspensión ‘se paró el reloj’. Este Viceministerio ratificó a finales de julio la suspensión. La empresa puede pedir reactivar, pero depende de cómo esté la situación. Habrá temas de daño ambiental que posiblemente la empresa no se quiera hacer cargo.
¿Cómo lograr que la minería a gran escala se refleje en mejores condiciones de vida para los habitantes de las zonas cercanas?
El pilar de sostenibilidad social y ambiental del Plan Minero da un giro en ese sentido. Con el Instituto de la Sostenibilidad para la Minería de Queensland (Australia) trabajamos hace seis meses para consolidar e implementar una línea base que guíe los niveles de preparación que requiere el sector minero. Estamos también trabajando para adherirnos a la iniciativa de transparencia para las industrias extractivas (EITI por sus siglas en inglés), que nos permitirá dar un seguimiento de qué pasa con los recursos que se generan desde el inicio y saber cuánto se generó por ingresos. Vamos a crear, además, un mapa de regalías mineras con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Hoja de vida
Formación. Es ingeniero civil graduado en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y tiene una maestría en ingeniería civil por la Universidad Federal do Río de Janeiro.
Experiencia. Es Viceministro de Minería desde septiembre del 2018. Trabajó en proyectos de oleoductos, campañas sísmicas, perforación exploratoria y de desarrollo en el país.