El prefecto del Guayas, Carlos Luis Morales, fue detenido la mañana de pasado miércoles 3 de junio del 2020. Foto: archivo / EL COMERCIO
El video dura 27 segundos. Allí aparece Hermelindo Velásquez Castro, un hombre de 76 años, quien es investigado por presuntas irregularidades en los contratos que la Prefectura del Guayas realizó durante la emergencia sanitaria.
Vestido con una camisa roja y sentado junto a una pared blanca, el hombre asegura estar “alejado de su familia” por una “injusta persecución”.
Las imágenes fueron difundidas en redes sociales y ayer, 9 de junio del 2020, agentes de la Policía Judicial (PJ) confirmaron que analizan la grabación. El hombre es rastreado por los uniformados desde el pasado 3 de junio.
Ese día, un juez ordenó su captura y las de otras 11 personas que actualmente están prófugas. En esta lista también aparecen los nombres de la esposa del prefecto Carlos Luis Morales y dos de sus hijastros.
Los informes fiscales señalan que los sospechosos formaban parte de una estructura delictiva, que a través de empresas fantasmas se beneficiaron de contratos por insumos médicos y otros servicios.
Por ejemplo, en el caso de Hermelindo Velásquez, de quien se dice es una persona de bajos recursos, las indagaciones lo apuntan por un contrato de USD 79 980 que la Prefectura firmó el pasado 18 de mayo.
Según la Superintendencia de Compañías, el hombre de la tercera edad consta como presidente ejecutivo de esa empresa. Pero agentes de la PJ, sospechan que Velásquez y otros dos integrantes de la empresa -también están en la lista de prófugos- fueron usados por los cabecillas de la organización para que prestaran sus nombres y así evitar ser descubiertos por los agentes.
Ellos dicen haber rastreado a los tres directivos de la empresa y han detectado que se dedican a actividades comerciales como carpintería o venta de productos en tiendas. Esos oficios son diferentes a los que la empresa, de la cual son miembros, ofreció a la Prefectura.
En el contrato del 18 de mayo, por ejemplo, se indica que una compañía fue contratada para tabular los datos de los resultados de las pruebas covid-19.
Por eso, los agentes han estudiado las viviendas de los supuestos representantes.
En el caso de Hermelindo Velásquez su casa está ubicada en el centro de Guayaquil.
Sus vecinos manifestaron a los agentes que lo conocen como un hombre al borde de la indigencia. La última vez que lo vieron fue el pasado 31 de mayo, cuando unos desconocidos se lo llevaron en una camioneta. Ahora, los agentes lo buscan para que colabore.
Los operativos de búsqueda de los prófugos se han extendido hasta las fronteras. En especial, luego de que se conociera que la esposa del prefecto Morales y sus dos hijastros habrían abandonado el país.
Estos dos últimos fueron acusados ante la Fiscalía por el propio Prefecto, el pasado 2 de junio; Morales dijo que ellos podrían ser responsables de las presuntas irregularidades.
En torno a su actual relación familiar, Morales no se ha pronunciado. Su abogado, Carlos Sánchez, señaló que el Prefecto no conoce el paradero de su esposa. “Incluso el viernes de la semana pasada fue el cumpleaños de ella y no sabía nada”.
El jurista aclaró que en un principio debía representar a la pareja del Prefecto, pero eso no se concretó. De los hijastros tampoco se conoce nada.
La Fiscalía sí tiene pistas de su participación en la supuesta estructura delictiva. Los investigadores dicen que han descubierto nexos entre tres empresas en las que los sospechosos constan como accionistas.
En la lista de prófugos también figuran más familiares de los hijastros de Morales.
Entre las evidencias que tiene la Fiscalía están los estados financieros de las empresas vinculadas, registros contables e informes del Servicio de Rentas Internas (SRI).
A las investigaciones se añaden los análisis de los procesos contractuales que se generaron durante la pandemia.
Especialmente están cuatro adjudicaciones relacionadas a las compras de mascarillas, pruebas covid-19, equipos de fumigación y equipos de protección para colaboradores de la Prefectura. Todo este material está en manos de la Fiscalía, cuyos agentes ejecutan los rastreos e investigaciones.
En contexto
Entre el 27 de marzo y el 22 de mayo pasado, la Prefectura del Guayas realizó 18 contrataciones de emergencia. Las adjudicaciones se firmaron por un costo de USD 5,6 millones. La Contraloría anunció que realizará un análisis de las compras ejecutadas.