El contralor, Pablo Celi, mencionó los informes que lleva adelante la Contraloría General del Estado sobre distintas instituciones estatales. Foto: Archivo/ API
El contralor Pablo Celi aprovechó la rendición de cuentas del período 2017 para dar a conocer el detalle de varios exámenes que la institución realiza actualmente. En total hay 297 acciones de control que la Contraloría General del Estado (CGE) ejecuta a diferentes instituciones estatales.
Respecto a la administración central del Estado se están evaluando las operaciones administrativas y financieras de la comisión 30 de septiembre (30-S). La construcción del complejo legislativo en la Asamblea Nacional y los gastos de difusión, información y publicidad en la Presidencia de la República.
En cuanto a los gobiernos seccionales se están investigando las acciones relacionadas con el Proyecto Ruta Viva y la Escombrera El Troje, realizados por el Municipio de Quito. Y la construcción del Tranvía de Cuenca.
Sobre las telecomunicaciones y los sectores productivos se está examinando la instalación del cable submarino, las operaciones administrativas y financieras de Gamavisión, la concesión de frecuencias de radio y televisión. Los contratos de la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) y los Proyectos Hidroeléctricos Quijos y Sopladora, también.
Asimismo, se efectúa el análisis de acciones en el área social, relacionadas con el convenio Ministerio de Educación – Edificar, sobre enseñanza de inglés. Contratos para dotación de infraestructura y expropiación de terrenos (Yachay). Y la campaña publicitaria “All You Need is Ecuador”, del Ministerio de Turismo.
Sobre la utilización de recursos naturales se está investigando la repotenciación y manejo ambiental de la Refinería de Esmeraldas y los proyectos mineros: Loma Larga (Quimsacocha), Mirador, Fruta del Norte, Río Blanco y Llumiragua.
Respecto a obras de infraestructura se están evaluando la ampliación de la carretera Pifo – Papallacta, la construcción del proyecto turístico Playa Las Palmas / Flopec y las operaciones de Tame EP. Mientras que las auditorías sobre la deuda pública están direccionadas hacia el egreso, utilización, reintegro y registro contable de USD 300 millones de la Ley Orgánica de Solidaridad y los estados financieros Banco Central del Ecuador.
Además, Celi informó que durante el 2017 la Contraloría aprobó
1 912 informes. Con estos se predeterminaron responsabilidades civiles por USD 1 500 millones. Y 10,5 millones por predeterminación de responsabilidades administrativas. Se enviaron 186 informes con indicios de responsabilidad penal a la Fiscalía.