Sebastián Mantilla Baca considera que la consulta popular que impulsa el Gobierno busca corregir los errores del anterior. Estos llevaron al país a la concentración de poder y a la no independencia de las funciones del Estado. Foto: Armando Prado/ EL COMERCIO.
Entrevista a Sebastián Mantilla Baca, director del Centro Latinoamericano de Estudios Políticos. Presidente de la Red de Apoyo a Gobiernos Locales y candidato a Doctor PhD en Ciencia Política por el Institut d’Etudes Politiques de París.
¿Para qué sirven las consultas populares en la praxis política?
En general, cumplen tres funciones. Dar legitimidad al sistema político, a un líder o proyecto político o para cambiar una situación determinada, como la concentración del poder. Esto último pasó en Perú, por ejemplo, cuando estaba Alberto Fujimori en la Presidencia, y está ocurriendo ahora en Venezuela. Cuando hay mucha polarización entre los poderes del Estado sobre ciertas decisiones en las que no hay acuerdo, la consulta popular puede ser una instancia interesante para dirimir
esas diferencias.
¿Para qué podría ser útil la consulta que el Consejo Nacional Electoral (CNE) acaba de convocar en Ecuador?
Abre la puerta a una reforma constitucional para corregir los errores del modelo pasado, que nos llevó al hiperpresidencialismo. Hay preguntas que hacen referencia a la reforma de la Constitución, la reelección indefinida, la reestructuración del quinto poder, prohibir que puedan candidatizarse personas involucradas en corrupción. Lo que está buscando (Lenín) Moreno es diferenciarse de otros líderes latinoamericanos, como el propio Rafael Correa.
¿Qué valor estratégico- político tiene para el Régimen la consulta?
El que el expresidente esté presente en el ámbito político es determinante para el futuro de la gente que lo sigue. Si se aprueba la pregunta de la no reelección indefinida se quedarían sin su líder y tendrían que reacomodarse.
En la última década se han hecho al menos cuatro consultas en el país, sin contar las limítrofes, ¿lograron resolver los problemas de institucionalidad que las motivaron?
Uno de los grandes problemas que existen con las consultas, y no solo en Ecuador, es que al inicio surgen con una gran motivación y fin. Se piensa que van a mejorar la democracia. Pero el problema siempre es cómo se aplica luego de que es aprobada.
¿Debido a qué ocurre este fenómeno?
Hay acomodos, se interpreta de forma politiquera, no se cumple la expectativa de la gente. Pensemos en lo que pasó con la consulta del 2011, que terminó con la metida de mano a la justicia. Se mermó la institucionalidad y la democracia, y se favoreció a la corrupción. Ahora, más bien lo que se advierte es una consulta que va en sentido contrario. Se ve una intención de Lenín Moreno de rectificar.
¿La consulta alcanzará para efectivamente revertir el modelo del Régimen anterior?
El país, luego de 10 años de correísmo y la Constitución de Montecristi, necesita cambios profundos. Con la consulta popular nos vamos a quedar cortos. Un problema ha sido la concentración del poder y la incidencia en otras funciones del Estado. Pero la consulta es un paso muy importante.
¿En qué medida?
Al reestructurar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, a la larga también se reestructura el aparato de justicia, con el cambio de las principales autoridades de control. La consulta es necesaria, aunque no suficiente. Hay una descorreización del proceso político. Lo importante sería que no se quede ahí y se piense en una reinstitucionalización del país y en consolidar la democracia.
¿Cómo garantizar que la consulta se aplique sin perder su espíritu?
Esa es la parte difícil, porque el país no tiene una sociedad civil o grupos sociales fortalecidos. Venimos de 10 años de un Gobierno que persiguió, dividió a las organizaciones. Generalmente, estos grupos sociales que representan a distintos sectores de la sociedad suelen ser los que tienen mayor capacidad de presionar para que se cumpla.
¿Cuál es la alternativa en este escenario político?
Lo que se espera justamente es que la consulta sirva para reactivar a la sociedad civil. Y que luego de la consulta recuperen la capacidad de poner en la agenda temas que son de la preocupación de la sociedad civil, como la Ley de Comunicación y otras normativas pendientes.
¿Qué papel está jugando la oposición?
Hace mucho tiempo atrás la veo sin iniciativa, sin capacidad ni claridad sobre cómo actuar en el escenario político. No sabe cómo hablarle y plantearle cosas al país. Luego, dependiendo de cómo vaya la situación de la consulta, la oposición podrá adoptar una postura.
¿Los temas pendientes como las normativas también podrían tratarse vía consulta, si en la Asamblea no existe el apoyo?
Las consultas son mecanismos de democracia directa, que bien usadas pueden ayudar a fortalecer la democracia y la gobernabilidad. Pero no se puede recurrir de forma frecuente, pensando en una sustitución de la Asamblea o Congreso. O simplemente como un medio para querer gobernar. No se puede reemplazar a los poderes. Lo que sí puede ser es un complemento.
¿Qué temas ameritan ser tratados vía consulta?
Pueden ser temas de importancia general. En Bolivia se hizo sobre el futuro del gas; en el caso de Colombia se presentó para la reestructuración de la institucionalidad jurídica. Pueden entrar temas referentes de esa propia institucionalidad, que se consideren de importancia para el país. Hay que ver a las consultas como lo que son: una alternativa a las herramientas de la democracia representativa.