La presidenta del CNE, Diana Atamaint, asegura que la bancada de CREO quiere tomarse el CNE. Foto: Enrique Pesantes / EL COMERCIO
La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, defendió en Guayaquil su gestión al frente del organismo. En rueda de prensa, desestimó las pruebas en su contra en el marco del juicio político que llevan adelante los interpelantes, Jeanine Cruz y Fernando Flores, del movimiento Creo.
Atamaint afirmó la mañana de este viernes 10 de enero del 2020 que las pruebas presentadas hasta ahora no tienen “nada que ver” con sus funciones y reiteró que hay un trasfondo político: “el juicio político tiene el único objetivo de que la bancada de Creo se tome el control del Consejo Nacional Electoral”.
La presidenta del ente refirió que está preparando su defensa en el marco de la comparecencia ante la Comisión de Fiscalización prevista para el próximo el próximo 22 de enero.
Explicó que en las causales sobre supuesto incumplimiento de funciones, se confunde lo que significa la responsabilidad exclusiva de la presidenta del CNE con competencias del Tribunal Contencioso Electoral, del pleno del CNE y de las juntas electorales provinciales.
“Este juicio político tiene un trasfondo eminentemente político, sin sustentos jurídicos, sin un sustento técnico de las denuncias que se han presentado”.
Atamaint afirmó que es absurdo que se la responsabilice por las actuaciones de algunos funcionarios del ente involucrados en actos de corrupción. Foto: Enrique Pesantes / EL COMERCIO
Flores y Cruz habían presentado en el legislativo la grabación de una conversación, supuestamente entre el exfuncionario del CNE, Luis Loyo, quien ya está detenido por tráfico de influencias, y otra funcionaria, en la que hablan sobre los resultados de las elecciones seccionales del 2019.
De acuerdo con Atamaint, en ese audio no se la menciona y que si existió algún delito las pruebas debieron ser presentadas ante la Fiscalía. Agregó que pedirá a la Comisión de Fiscalización que ese audio sea auditado, presentado y se verifique la veracidad.
En el caso de Loyo, criticó que nunca hubo una denuncia por parte del vicepresidente, Enrique Pita. Y que Loyo no tenía impedimento para ocupar un cargo público. “Si el vicepresidente tenía pruebas de un posible delito debía haber acudido a la Fiscalía para entregar a la autoridad competente para que se investiguen los hechos delictivos”.
La presidenta del CNE añadió que le parece injusto inculpar a terceras personas por las actuaciones y hechos delictivos de otros funcionarios.
Finalmente Atamaint dijo que los legisladores tienen la obligación de cumplir con su labor de fiscalización. También precisó que ve con optimismo las expresiones de diferentes bancadas para que se siga un debido proceso en su caso.
“Lo que resuelva la Asamblea no lo sabemos, pero lo miro con bastante optimismo puesto que muchos asambleístas y de lo que he escuchado en los medios de comunicación esperan recibir las pruebas de cargo y descargo para poder pronunciarse de forma objetiva”.