Afuera de la Corte Provincial de Pichincha se instalaron los familiares de las 21 personas detenidas. Esperaron cinco horas. Eduardo Terán / EL COMERCIO
Tiene 64 años y desde el año pasado padece problemas del corazón. Juan Francisco es capitán de Navío en servicio pasivo y el 3 de diciembre fue detenido en medio de una marcha convocada por indígenas y sindicalistas en contra de las enmiendas a la Constitución.
Ayer, él y otras 20 personas ingresaron esposadas a la Corte Provincial de Pichincha. En ese grupo también hay una mujer. A todos se les acusa de proferir supuestas expresiones de descrédito y deshonra contra policías durante esas protestas.
Por esta contravención fueron sentenciados a 15 días de cárcel. Tras una semana privados de la libertad, la Sala de lo Laboral de la Corte de Pichincha tramitó el hábeas corpus, una figura que era su última esperanza para quedar libres.
La Sala falló en contra, por lo que todavía les queda una semana más de detención.
“¡Libertad para los 21 detenidos en El Arbolito: libertad, libertad, libertad!”, gritaban los familiares de los procesados, quienes llegaron antes de las 09:00 a la Corte Provincial.
Entre la muchedumbre se encontraban los familiares de Juan Francisco, vecinos y excompañeros de la Marina.
Andrea Reinoso, una joven de 28 años, dijo que su padre estuvo en la marcha porque la buscaba. Ese día, él se encontraba en el Hospital Militar junto con su esposa y dos hijas.
Andrea se dirigió a la manifestación para tomar fotos; él y su familia caminaron hacia la av. 12 de Octubre para comprar platos y vasos. Como presidente de su barrio, en Ponciano, organizó una parrillada con vecinos por las fiestas de Quito.
Al ver que la manifestación se tornaba violenta, el oficial en retiro decidió buscar a su hija. Allí fue detenido por agentes.
Entre la lista de procesados están 11 personas identificadas con movimientos sociales y otras 10 que dijeron no tener militancia política.
En el primer grupo se hallan seis jóvenes de la Conaie, cinco de la FESE, de la CTE, de la Junta y de la Cedocut, que representan a estudiantes secundarios y trabajadores.
Carlos es un alumno de doctorado de la Universidad Andina Simón Bolívar y también es activista social. Ese jueves salió a marchar con sus compañeros de aula. Estaba en contra de las enmiendas constitucionales que esa tarde aprobó la Asamblea Nacional.
Su pareja estaba en la misma movilización. Ella recuerda que Carlos trató de ayudar a su profesor César Montúfar, quien era detenido por los antimotines. “Él trató de impedir que golpearan a su profesor, pero los policías lo agredieron en las piernas y brazos”.
El Ministerio del Interior rechazó la violencia que se evidenció en esa jornada de protestas. Aseguró que 13 policías fueron heridos y difundió fotos y videos en donde se ve a los agentes con suturas en la cabeza y heridas en el rostro.
Ayer, mientras se desarrollaba la audiencia de hábeas corpus, un grupo de familiares de policías agredidos se reunía en un hotel del norte de Quito y anunció que acudirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para presentar una queja formal.
Quieren que el Estado tome las medidas necesarias para evitar más actos de violencia en contra de los agentes.
El grupo anunció la creación de una asociación de familiares, porque creen que cada vez las protestas son más violentas. El ministro José Serrano, incluso dijo que “los manifestantes estaban preparados con armas” y que nunca vinieron a protestar, sino “matar o herir”.
Para Juan Toalombo eso no es verdad. Está convencido de la inocencia de su hijo Bryan, de 20 años. Dijo que “lo arrestaron por ser indígena”. Él sí participó en la manifestación, “pero no llevaba armas y menos esas lanzas. Yo lo vi cuando salió de casa y media hora después me llamó a decirme que volvería porque estaba bien violento”.
La suegra de Richard también cree que la orden de prisión es una injusticia. Ayer llevaba una pancarta con la foto de su yerno, de 33 años.
Él salió de su casa, ubicada a cuatro cuadras de la Asamblea, para verse con su esposa que regresaba de clases. Dejó a sus dos hijas de 12 y 9 años solas en casa. Los dos caminaban tomados de la mano por El Arbolito.
La suegra contó que en ese momento la gente empezó a gritar: ¡Corran, corran! Y eso fue lo que hicieron. Detrás de ellos venía una turba de manifestantes, seguidos de policías, perros, motos, patrullas y la caballería. Richard tropezó, cayó sobre el césped y los policías lo atraparon de inmediato.
“Es un padre trabajador”, comentaba indignada la familiar.
Los allegados de los 21 detenidos esperaron cinco horas afuera de la Corte. Cuando por fin conocieron la resolución no pudieron evitar llorar. Los gritos se escucharon de nuevo: ¡Libertad, libertad!”.
Pero los procesados fueron llevados con las manos esposadas a un bus que estaba afuera de la Corte Provincial que los devolvió al CDP de El Inca.