Afiliados y jubilados realizan trámites y consultas en la matriz del IESS, en Quito. Foto: Julio Estrella / EL COMERCIO
Los descuentos a las pensiones que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) realizó, históricamente, a los jubilados hasta el 19 de diciembre pasado para financiar el pago de ‘décimos’ y auxilio por funerales no se devolverá.
Gracias a una sentencia de la Corte Constitucional de esa fecha, desde este mes la entidad ya no hará la retención del 2,76% para financiar estas prestaciones económicas.
Pero la Corte Constitucional (CC) solo dio parcialmente la razón a los pensionistas. Aunque en su fallo determinó que el descuento era inconstitucional, los jueces establecieron que la medida no es retroactiva, por lo que no habrá devolución de los valores cobrados anteriormente.
Del 2,76% de descuento que se hacía de la pensión mensual de los jubilados del IESS, el 1,76% se destinaba a financiar los décimos de los pensionistas.
De acuerdo con datos del IESS, los beneficios por la decimocuarta pensión y decimotercera pensión sumaron USD 497 millones en el 2019, según datos presupuestados para ese año de la entidad y que están disponibles en su página web. Según la sentencia, los propios jubilados financiaron el 19,38% de ese monto; es decir, un total de USD 96 millones.
Mientras tanto, el punto porcentual restante del 2,76% de descuento era para cubrir el auxilio por funerales, que sumó USD 25 millones durante el año pasado.
Esta prestación consiste en un reembolso en dinero que se entrega al fallecimiento del pensionista de jubilación, pensionista de montepío y del afiliado que registre por lo menos seis aportes mensuales.
Los gastos que cubre la entidad son cofre mortuorio, servicios de velación, carroza, servicio religioso, costo de cremación o arrendamiento o compra de nicho. Este beneficio data de 1928, cuando regía la Ley de Jubilación y en ese entonces solo se beneficiaban los empleados públicos. En 1942 se amplió el beneficio a todos los jubilados.
Los dos ‘décimos’ y el auxilio por funerales son el descuento histórico que se había hecho a esta población del IESS.
Sin embargo, la Constitución del 2008 prohibió descontar o retener valores a los jubilados, con lo cual el cobro del porcentaje se volvió inconstitucional. Basados en esa norma, la Confederación Nacional de Jubilados y Pensionistas de Montepío del Ecuador plantearon una acción en contra de la medida en la CC.
El IESS argumentó en su defensa contra la querella, que la entrega de los ‘décimos’ y del auxilio de funerales nació sin estudios actuariales y por iniciativa del Legislativo, sin verificar el respaldo financiero para costear el beneficio.
La CC dispuso un plazo de 180 días para que el IESS, sobre la base de estudios actuariales, determine el costo de esas prestaciones y reforme la tabla de aportación para el Seguro de Pensiones. Es decir, esos beneficios serán cubiertos con la contribución de todos los afiliados activos. “Esta reforma procurará el equilibrio del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte, sin afectar a los otros seguros administrados por el IESS”, anotó el fallo.
Manuel Muñoz, presidente de la Confederación de Jubilados y quien planteó la demanda de inconstitucionalidad, considera que no hay la necesidad de incrementar las tasas de aportación de los afiliados para sostener el pago de décimos y del fondo mortuorio.
Si los estudios actuariales que haga el IESS al respecto sugieren aumentar las tarifas, la Confederación lo rechazará, adelanta Muñoz.
Como alternativa de financiamiento, Muñoz plantea que la institución deje de contratar, por ejemplo, con Seguros Sucre para cubrir el seguro de desgravamen.
La Confederación pidió una reunión con el presidente Lenín Moreno para tratar este y otros asuntos relativos a la sostenibilidad de la entidad.
Patricia Borja, experta en seguridad social, señala que si bien el descuento que se hacía era por un porcentaje menor a largo plazo, tiene un peso importante en las proyecciones financieras. Por ello, no descarta que se proponga como solución subir las tarifas de los aportes, aunque eso -dice- provocaría el rechazo de pensionistas y afiliados activos.