Jacobo Bucaram, procesado por presunto delito de tráficos de bienes patrimoniales y delincuencia organizada, permanece recluido en la cárcel de Cotopaxi pese a los pedidos de sus abogados para ser trasladado a Guayaquil. Foto: Cortesía
Jacobo Bucaram sigue recluido en la cárcel de Cotopaxi pese a los pedidos de sus abogados para ser trasladado a Guayaquil.
Este miércoles 14 de octubre del 2020 se conoció que los jueces Daniella Camacho y Wilman Terán, de la Corte Nacional de Justicia, no han ordenado su traslado al centro de rehabilitación del Guayas como se difundió de forma falsa en las redes sociales.
El lugar en donde Bucaram debe ser privado de libertad es motivo de polémica desde la semana pasada cuando el juez del Guayas, Juan Carlos Terán, ordenó que en 24 horas se debía ingresar a Bucaram a la cárcel de esa provincia.
Sin embargo, el hijo del expresidente Abdalá Bucaram se encuentra detenido en Cotopaxi desde el pasado 25 de septiembre, cuando fue entregado por Colombia, luego de su arresto en Medellín.
Él está procesado en tres causas: por supuesto tráfico de bienes patrimoniales, que se sigue en Guayas, y dos procesos por delincuencia organizada, uno en Guayas y otro en Quito.
Estas dos últimas causas están vinculadas a las redes de corrupción que habrían operado en los hospitales del Estado durante los primeros meses de la pandemia.
La detención de Bucaram responde a la boleta girada por una jueza de Quito, en el caso de delincuencia organizada.
La semana pasada, tras conocer que no se realizó el traslado a Guayaquil, el abogado de Jacobo Bucaram, Cristian Romero, dijo que presentará una denuncia contra las autoridades del Servicio de Atención a Personas Privadas de la Libertad por el delito de incumplimiento de decisiones legítimas. El Código Penal sanciona ese ilícito con cárcel de hasta tres años.
Mientras en el país se resuelve el traslado o no de Bucaram, su madre Rosa María Pulley, denunció al gobierno de Lenín Moreno ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA), por una supuesta violación de derechos humanos por la detención de su hijo, a la que califica de ilegal.