Guillermo Celi y representantes de grupos sociales informaron los puntos que contienen su agenda legislativa. Los candidatos de AP y sus equipos de campaña se reunieron el 28 de febrero pasado en un hotel de Quito. Fotos: Julio Estrella y Paúl Rivas / EL COMERCIO
A casi dos meses de que entre en funciones la nueva Asamblea Nacional, las dos tiendas políticas con mayor número de curules empiezan a delinear sus agendas legislativas.
Ayer, 9 de marzo, los legisladores electos por Creo-SUMA se reunieron en Quito con representantes de cinco organizaciones sociales que representan a los trabajadores, servidores públicos, comerciantes autónomos, militares en servicio pasivo e indígenas evangélicos.
Los políticos acogieron las propuestas de leyes y reformas planteadas por estos grupos.
Se organizaron en tres ejes: la reactivación económica, la garantía de los derechos y el establecimiento de la democracia.
El primer cambio que el bloque legislativo opositor, que tendrá 33 curules, propondrá es que se reforme las causales para que un funcionario sea destituido, incrementando los actos de corrupción.
Además, impulsarán una reforma a la ley de justicia laboral para que se devuelva el aporte del 40% al fondo de pensiones del Seguro Social y que se quite el techo a las utilidades en las empresas privadas.
Alianza País, en cambio, tiene un documento donde se detalla la propuesta legislativa para el período 2017-2021. El movimiento verdeflex volverá a tener mayoría con 74 curules.
Se trata de 22 iniciativas legales, agrupadas en siete ejes o revoluciones: económica, social, ética, soberanía, ecológica, justicia y cultural.
La primera propuesta es la creación de un nuevo Código de Trabajo, que agrupe las últimas reformas laborales. Además, la expedición de una Ley Integral de Seguridad Social; una Ley contra todas las formas de violencia contra las mujeres. Actualizar el Código Cultural, entre otras.
Para el oficialismo lo más importante es que la legislatura haga efectivos los enfoques de igualdad, participación, interculturalidad y plurinacionalidad en las leyes propuestas.
También se ofrece ampliar la fiscalización, “pero entendiendo que, en una democracia moderna, la fiscalización no debe ser un show de revancha o venganza política”.
En esta parte ética se propone la creación de una Ley del Sistema Nacional de Control del Estado. En su sustentación se explica que para desarrollar un sistema ágil de control estatal hay que eliminar el funcionamiento burocrático.
Para que se pueda “trabajar de manera integrada el rol del control administrativo de recursos públicos, el control de cumplimiento de políticas públicas, el control social”.
Mientras que la alianza de oposición, según su candidato electo más votado, Guillermo Celi tiene otra oferta en este sentido.
Buscarán incluir en la Ley de Servicio Público una prohibición para que las personas que hayan sido funcionarios de gobierno, en un máximo de 10 años no puedan postular para titulares de entidades de control.
Celi asegura que están dispuestos a conversar con todos los otros bloques legislativos, con el fin de encaminar una mayoría que les permita realizar esos cambios, incluso con el oficialismo. Ya que de existir un bloqueo por parte de esa mayoría y si Guillermo Lasso es electo presidente se convocará a una Constituyente.
Por su parte, en Alianza País aseguran que todavía no han analizado el tema de acuerdos mínimos. Pero, no permitirán que se desmonte todo lo que han avanzado. Están convencidos de que Lenín Moreno vencerá en la segunda vuelta y que la denominada Revolución Ciudadana continuará.