Más de un millón de inmigrantes en España piden regularización
El plazo para la regularización migratoria en España finaliza hoy, con más de un millón de solicitudes.
Más de un millón de personas aspiran a beneficiarse de la regularización migratoria extraordinaria puesta en marcha por el Gobierno español.
Este proceso, cuyo plazo de solicitud termina este 30 de junio de 2026, fue anunciado por el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez. Él destacó que detrás de cada petición hay una persona que ya vive en el país y que, a partir de ahora, formará parte de la sociedad con todos los derechos y deberes.
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Detalles del proceso de regularización
El Ejecutivo español inició este proceso el 16 de abril y finaliza hoy. La previsión inicial era que se beneficiaran al menos medio millón de personas que residan en España desde antes del 1 de enero y demandantes de asilo que lo hayan solicitado antes de esa fecha. Para ello, deben acreditar un mínimo de cinco meses seguidos en el país al presentar la solicitud y no tener antecedentes penales.
Los inmigrantes deberán aportar documentos como:
- Certificado que demuestre el tiempo de estancia en España.
- Certificado de antecedentes penales.
- Informe de vulnerabilidad certificado por una ONG acreditada (en algunos casos).
Dificultades burocráticas enfrentadas
Desde hace más de tres meses, miles de personas enfrentan dificultades burocráticas para conseguir la documentación necesaria. Han contado con el apoyo de voluntarios de distintas ONG. Durante este tiempo, se observaron largas filas ante ayuntamientos y oficinas administrativas habilitadas para llevar a cabo los trámites. Muchas personas han expresado su angustia ante las dificultades para obtener documentos esenciales.
Criticas a la regularización migratoria
Algunas voces críticas han surgido respecto a esta regularización. Tanto el conservador Partido Popular (PP) como la ultraderecha Vox manifestaron su rechazo al proceso. En abril, Miguel Tellado, secretario general del PP, calificó la medida como un “disparate” y advirtió sobre posibles efectos negativos en los servicios públicos y ayudas sociales.
Al finalizar el plazo, Borja Sémper, portavoz del PP, afirmó que se opusieron a la regularización porque estaba mal planificada y cuantificada; esto se evidencia ahora con más solicitudes que las inicialmente previstas.
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Acciones legales contra la regularización
Además, algunos gobiernos regionales encabezados por el PP recurrieron el decreto sobre la regularización ante el Tribunal Supremo. La Comunidad de Madrid solicitó paralizar cautelarmente el proceso argumentando que podría provocar un colapso en los servicios públicos; sin embargo, esta medida fue rechazada por el Supremo.
El Tribunal Supremo ha planteado llevar este proceso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) si entra en conflicto con el derecho comunitario. Esta decisión surge tras admitir recursos presentados por los gobiernos regionales contra aspectos del real decreto sobre la regularización. El alto tribunal da a las partes cinco días para expresar su parecer sobre formular ante el TJUE “una cuestión prejudicial interpretativa” sobre puntos del decreto que podrían entrar en conflicto con el derecho europeo.
Aseguramientos del Gobierno español
Desde el Gobierno, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones asegura que la norma “se ha redactado velando estrictamente por su compatibilidad con el derecho de la Unión Europea (UE)”. Además, las fuentes ministeriales envían un mensaje tranquilizador a los solicitantes aclarando que la regularización otorga un permiso de residencia y trabajo válido exclusivamente en territorio español.
Con información de EFE
- Información extra: Migrantes en España
