Fernando Benalcázar fue viceministro de Minas (2018-2020) de Ecuador y el 29 de marzo del 2023 en Panamá fue nombrado como uno de los cuatro directores del Organismo Latinoamericano de Minería (Olami).
El experto habla sobre la situación de la industria minera, tras las decisiones judiciales y la falta del reglamento de la consulta previa, libre e informada.
¿Cómo resolver la crisis de la industria minera por las decisiones judiciales que tienen paralizados proyectos como Llurimagua, Loma Larga y San Carlos Panantza?
Las suspensiones de todas las concesiones o potenciales proyectos mineros mencionados tienen que ver con decisiones del sistema judicial. Unas a nivel de tribunal y otras por la Corte Constitucional. Es bastante complejo sobre todo en el caso de las resoluciones de la Corte C., para que los proyectos se retomen. A no ser que haya una decisión conjunta entre el inversionista y el Ejecutivo, con el Ministerio para levantar esas suspensiones. Ahí está el caso San Carlos Panantza, en el que la Corte Constitucional suspendió el proyecto, porque no cumplió la consulta previa, libre y informada.
Los proyectos de Imbabura y Azuay
¿Qué pasa en los otros casos?
En Loma Larga y Llurimagua existe una sentencia de tribunal, en la cual da un camino. En Llurimagua no es en contra de la empresa sino del Ministerio del Ambiente, porque no se hizo la consulta ambiental y se le da la oportunidad de hacerlo. No es una ley, sino una reforma al reglamento del Código Orgánico Ambiental aún no ha sido promulgada.
Sabemos de buena fuente que el Ministerio remitió el reglamento a la Presidencia de la República y está en espera de la emisión del decreto ejecutivo. En Loma Larga no se ha emitido la sentencia.
El tema es sumamente complejo cuando el sistema judicial ha sido debidamente utilizado, por aquellos que se oponen a los proyectos mineros. Lo han hecho con una buena estructura legal para presentan estas apelaciones o demandas. En conclusión, la única forma posible es buscar caminos conjuntos como parte de la seguridad jurídica que la Constitución establece para los inversionistas.
La falta de la consulta previa
¿La demora del Estado en aprobar el reglamento de la consulta prevcia es uno de los desencadenantes de esta crisis de la minería?
No solo es del Estado. Personalmente, creo que la crisis del sector minero tiene un origen en la firma del acuerdo de paz del 30 de junio del 2022, después del paro indígenas. Personas desconocedoras del sector minero y petrolero fueron parte de esas negociaciones y ahora ya no son parte del Gobierno, y enfrentan acciones en la Fiscalía. En ese desconocimiento se firmaron situaciones sumamente comprometedoras como la moratoria minera y petrolera.
Se establece que no se otorgarán nuevos títulos mineros hasta contar con la normativa necesaria para contar la consulta previa. Esta normativa ha sido motivo de discusión de varios gobiernos, no hay una decisión política para que esto avance.
¿Qué salidas tiene la industria para avanzar con un catastro cerrado desde el 2018?
El ministro de Energía, Fernando Santos Alvite dijo que por la paz social no se abrirá el catastro minero, mientras no haya el reglamento de la consulta previa. Para mí es gravísimo, porque simplemente dice que en este gobierno no vamos a abrir el catastro. Otro ejemplo clarísimo es no otorgar las licencias ambientales, para el inicio de las actividades mineras. Este tema es algo que tomó desde junio hasta marzo para contar con el borrador para hacer la consulta previa. En diciembre, el presidente (Guillermo Lasso) emite el decreto ejecutivo que establece sobre cómo se haría la consulta. Pero la Conaie, días después, presenta una acción de inconstitucionalidad en contra del decreto.
La acción de inconstitucionalidad de la Conaie
¿Qué consecuencias tiene la falta de apertura del catastro?
Esto es un escenario sumamente preocupante. El Ministro del Ambiente dijo que 126 procesos de licenciamiento ambiental (no solo minero) son evaluados. Él dice que no están represados, con un número ínfimo de personal. Afectan a todas las industrias: agrícola, agroindustrial, petrolero, energías renovables, como proyectos hidroeléctricos, y mineros. Esta aplicación toma meses y quién define las prioridades, sin técnicos.
Yo veo que aquellos proyectos que están en espera, como Curipamba o La Plata, puedan tener su licencia lista si no hasta finales de este año, noviembre o diciembre. Con eso quiero poner en evidencia que en circunstancias ideales y si no se pronunciase la Corte Constitucional estamos hablando que el sector industrial está parado un año y medio por la falta de las licencias.
¿Y si se aprueba el reglamento de la consulta previa?
Supongamos que se aprueba el reglamento y todo comienza a fluir. Dos semanas después se pronuncia la Corte Constitucional con esas decisiones súbitas y radicales, y se declara inconstitucional ese decreto del reglamento. Eso tendría una consecuencia terrible.
Pero, ¿la Corte sería incoherente con su resolución anterior de que los proyectos mineros tienen que aplicar la consulta previa?
Podría ser una interpretación lógica. Pero doy un ejemplo: 10 años después, la Corte Constitucional acaba de pronunciarse de dejar el petróleo bajo tierra del proyecto ITT, bloque 43. Tras siete años de producción y de generar USD 1 200 a 1 300 millones anuales para el país. Hay también esa posibilidad con la minería. Yo dejo una gran interrogante: ¿qué pasa si la Corte da pasa a este pedido de inconstitucionalidad de la Conaie versus la consulta ambiental?
Las definiciones para el sector minero
¿Qué tan importante es la consulta previa?
Contar con un reglamento de consulta previa, libre e informada va a ser muy positiva para el futuro de la industria en general. ¿Por qué?, porque define a los actores a los que hay que consultar, de acuerdo con el artículo 56 de la Constitución. No es manipulable como lo ha sido hasta el día, que quiere confundirse a la opinión pública que la consulta previa aplicar ecuatoriano. El art. 56 establece clarísimo que son las comunidades indígenas, el pueblo afroecuatoriano y los pueblos montuvio, y las comunas. Así se dejará de manipular los interesados en contra del desarrollo extractivo.
Mientras se aprueba la consulta previa, ¿qué pasará con los proyectos Curipamba y La Plata?
Creo que esperarán recibir sus licencias ambientales a finales de este año. Podrán proyectos el inicio de sus construcciones de las minas hacia inicios del primer trimestre del próximo año (2024).
Olami aboga por la minería sostenible
¿Cómo la Olami puede intervenir para asesorar al país para contar con seguridad jurídica para los inversionistas mineros?
La Olami es el coordinador técnico de la cumbre anual de ministros de minería de América. Pese a que es latinoamericano, Estados Unidos y Canadá son muy activos en esa cumbre. Se provee de información de continuidad para que los ministros sepan a qué se comprometió su país y siga con las acciones.
La Asamblea de Olami en Panamá buscó formalizar y reafirmar el compromiso que tiene para aportar en todo lo que se asocia con lo sostenible de la ONU, aplicado al sector minero. Se ratificó que la América Latina y el Caribe tiene una oportunidad única de aprovechar lo rico que somos en minerales metálicos y no metálicos. Apuntamos a la alimentación, porque tenemos fosfatos, potasio, boratos para los fertilizantes de los cultivos; el tema de la descarbonización, de transición energética. Desde la Olami, esto brinda crecimiento y desarrollo económico. Reunimos a todos los actores: gremios, sector privado, público y otros para articular acciones.
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