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Representantes de planteles privados proponen que el cobro de pensiones sea diferenciado

Imagen referencial. La propuesta de aplicar un descuento de hasta el 20% en las pensiones escolares consta en el proyecto de Ley de Apoyo Humanitario, que remitió el presidente Lenín Moreno al Legislativo. Foto: archivo / EL COMERCIO

Imagen referencial. La propuesta de aplicar un descuento de hasta el 20% en las pensiones escolares consta en el proyecto de Ley de Apoyo Humanitario, que remitió el presidente Lenín Moreno al Legislativo. Foto: archivo / EL COMERCIO

Imagen referencial. La propuesta de aplicar un descuento de hasta el 20% en las pensiones escolares consta en el proyecto de Ley de Apoyo Humanitario, que remitió el presidente Lenín Moreno al Legislativo. Foto: archivo / EL COMERCIO

La propuesta del Gobierno de reducir hasta en un 20% la pensión escolar a las personas que no tengan posibilidad de asumir este pago afectaría al funcionamiento del sistema educativo privado, según representantes de asociaciones de establecimientos particulares.

La postura de este sector se hizo pública este 17 de abril 2020 durante una reunión que mantuvieron en la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional. Este encuentro, en el que se analizó también otros temas, duró alrededor de cinco horas.

En esta sesión, Andrés Rodríguez, representante de la Corporación Ecuatoriana para la Calidad de la Educación (Corpeducar) mencionó que la reducción de pensiones los llevaría a la “ruina”. Por esto, expresó que es necesario analizar la disminución de los porcentajes de acuerdo con la realidad de cada institución.

Rómulo López, represente de Confederación Ecuatoriana de Establecimientos de Educación Católica (Confedec), manifestó que, por ejemplo, en las instituciones que cobran como máximo USD 100 mensuales una rebaja de este tipo podría causar la “quiebra”.

La propuesta de aplicar un descuento de hasta el 20% en las pensiones escolares consta en el proyecto de Ley de Apoyo Humanitario, que remitió el presidente Lenín Moreno al Legislativo, el 16 de abril pasado.

El artículo 7 de este proyecto de Ley refiere que durante el todo el 2020, las guarderías, escuelas, colegios y universidades no podrán suspender, bajo ninguna forma, la asistencia y evaluación a alumnos por el retraso en el pago de las pensiones.

“A las instituciones educativas privadas que hubieren acordado una rebaja de pensiones de al menos el 20%, en relación al valor de las pensiones de marzo del 2020, en el caso del régimen Sierra, o a la última pensión cobrada en el caso de las instituciones del régimen Costa, el Gobierno podrá entregar compensaciones mediante ayudas monetarias o no monetarias para cubrir parte de la pensión del presente año lectivo de los alumnos menores de 18 años, en aquellos segmentos de la población más vulnerable”.

Además, el texto señala que “el valor total de la compensación entregada a la institución privada se traducirá obligatoriamente en una disminución del valor que se pague en la pensión, de acuerdo con los términos que establezca el reglamento”.

Karina Mejía, representante de la Federación de Establecimientos de Educación Particular Laica (Fedepal), apuntó que “no son insensibles” ante la crisis económica que vive el país a causa de la pandemia del coronavirus, pero aseguró que un descuento de forma general puede poner en riesgo a las instituciones educativas.

Mejía recordó que los centros empezaron ya a otorgar descuentos y facilidades de pago, por normas anteriores. Por esto, refirió que en las actuales condiciones las instituciones y los representantes de los estudiantes deberían analizar cada caso para aplicar los descuentos.

Este tipo de rebajas, según el esquema propuesto por Corpeducar, Fedepal y Confedec, iría entre el 2,5% para pensiones que van entre USD 101 y 150 hasta el 15% para aquellas que se encuentren por sobre los USD 601 mensuales.

Con esto, según este sector, se evitaría que se reduzcan plazas de trabajos u otras inversiones en estas instituciones.

Lenín Duque, representante de padres de familia del colegio Nuevo Mundo (Guayaquil), indicó que en la situación actual es necesario “liberar el bolsillo” de los representantes. En su criterio, la pensión se debería reducir en un 25%, que es el monto en el que se ha reducido ciertos salarios.

Además, Duque hizo un llamado a las autoridades para que las clases no se inicien el 4 de mayo próximo, sino en septiembre como ocurre en el régimen Sierra. “Necesitamos dinero para lo prioritario en este momento”.

Wilmer Santa Cruz, representante de la Red de Maestros, coincidió con Duque. Indicó que no es factible iniciar el año lectivo en la Costa, en mayo, porque no hay condiciones ni las herramientas necesarias para llevar adelante la educación virtual. “Hay muchas zonas rurales no cuentan con Internet”.

Una vez terminadas estas intervenciones, los legisladores mencionaron que una alternativa sería que la banca pública otorgue créditos a las instituciones privadas para solventar la crisis.

También indicaron que el Estado, responsable de garantizar la educación, debería ser un apoyo para estos centros. A la vez manifestaron que sin estudios técnicos ni personalizados para cada institución estas podrían quebrar. Esto causaría el despido del personal y, eventualmente, los estudiantes migrarían al sistema educativo público y este se podría saturar.

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