Karla Viteri, Roxana y Kiara Jaramillo son mujeres afros que formaron una asociación para rescatar sus raíces. Foto: Roberto Peñafiel / EL COMERCIO
Mientras recuerda lo ocurrido, un ligero temblor invade su cuerpo. Aquella mañana -cuenta- despertó sin blusa y junto a un hombre que le repetía que debía bañarse. Mecánicamente se levantó de la cama y fue a la ducha. Estaba consternada y no sabía qué ocurrió. Camila, quien prefirió no revelar su nombre real, fue violada por su compañero.
Luego del hecho, la joven de 23 años fue a la universidad donde la atendió una doctora. Ella le confirmó que tenía lesiones y moretones en su cuerpo. “Me sentí como un objeto que se puede tomar y desechar”, expresa la mujer afro.
En Ecuador se reconocen siete tipos de violencia contra las mujeres. La agresión sexual es una de ellas. También existen otras: física, psicológica, económica y patrimonial, simbólica, política y gineco-obstétrica. Esta clasificación consta en la Ley para Prevenir y Erradicar la Violencia de Género, en vigencia desde el 2018.
Esta norma fue la base para la elaboración de la Encuesta Nacional de Género, que se aplicó a chicas mayores de 15 años de 20 848 hogares en todo el país. Los resultados nacionales, que se publicaron el 25 de noviembre, revelaron que 65 de cada 100 han vivido algún tipo de agresión a lo largo de su vida. En la población de afroecuatorianas, esta cifra aumenta y llega a 72 de cada 100.
“Las negras son calientes” o “ellas sirven para curar los riñones” son algunos comentarios sexistas y racistas que Camila ha soportado en los diferentes espacios: social, familiar, educativo y laboral. El primero encabeza la lista de violencia, según su ámbito. 32 de cada 100 han sido agredidas en calles y transporte público.
Karla Viteri, de 29 años, encaja en este grupo. Cada vez que circulaba por una calle cercana a su casa, un hombre salía y le gritaba frases sexuales. Le incomodaban y ya no quería transitar por ese lugar. “Le pusimos un freno; cada vez era más agresivo y grotesco”.
Para esta joven, que es líder de un grupo de afrodescendientes que buscan reivindicar sus raíces, este tipo de violencia ha sido naturalizada o confundida con halagos o piropos. Además, responde a la visión que tiene la sociedad de la mujer, en especial de quienes pertenecen a esta población. “Hay personas que creen que somos un objeto sexual o que tratamos de atraer a los hombres”.
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Karla ha enfrentado agresiones en el ámbito educativo; así como 19 de cada 100 chicas, como consta en la encuesta. Cada vez que ella entraba a la clase, un docente entonaba una canción referente a su color de piel. “Como él, mis compañeros se burlaban”.
La violencia ejercida por la pareja es otro dato que destaca el documento del 2019. Este tipo de agresión se tomó en cuenta en la primera encuesta de género que se publicó en el 2011. El Instituto Nacional de Estadística y Censos aclaró que no son comparables.
Nueve años atrás, 88 de cada 100 mujeres habían sido maltratadas por sus convivientes. Pero en la reciente encuesta nacional, son 43 de cada 100. “No es que el número de víctimas haya bajado sino que se manejó otra metodología y hubo otros parámetros”.
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Roxana Jaramillo, de 23 años, tiene recuerdos tristes de su primera relación. Lo conoció cuando tenía 14 y él más de 20. Al principio todo iba bien, pero la relación se fue tornando turbia. Los celos y luego los golpes fueron parte de los últimos años de noviazgo. “Él me hacía sentir como que nadie más me iba a querer. Me ocultaba de su familia por mi color de piel”.
Estas vivencias y las cifras de la encuesta no sorprenden a Bernarda Ordóñez, directora de Aequitas. La agrupación trabaja con mujeres víctimas de violencia, en Cuenca.
“La sociedad ecuatoriana tiene estereotipos marcados. Las afroecuatorianas, por ejemplo, son hipersexualizadas y hay una doble vulneración por su etnia y por género”.
¿Por qué se mantiene esta realidad? Los gobiernos, explica Ordóñez, no han trabajado en prevención. Cada año, las autoridades presentan protocolos y rutas para el manejo de estos casos, pero no destinan recursos para concretar estrategias integrales: fortalecer el trabajo con los municipios o crear redes de apoyo.
Para la aplicación de la Ley se proyectaron USD 5,4 millones, pero el Gobierno planteó un modelo de austeridad, debido a la crisis económica. Lo explicó Catherine Chalá, secretaria de Derechos Humanos. Ella señaló que los recursos son limitados y que se apuntará al trabajo interinstitucional para lograr objetivos y metas. “Se nos otorgarán USD 1,5 millones para este 2020”.
Mientras las autoridades buscan encaminar acciones para frenar esta problemática, las mujeres citadas reflexionan sobre la importancia de no callar y denunciar agresiones. Hablar del tema les ha aliviado; quieren ayudar con sus historias a más mujeres.