La región de Madre de Dios, en la Amazonía peruana, fue golpeada en este año por contaminación con mercurio debido a la minería ilegal. Foto: AFP
Los Objetivos del Desarrollo Sostenible, adoptados por los países miembro de las Naciones Unidas en 2015, no solo marcaron el ritmo de crecimiento de la humanidad hasta el 2030.
El documento ha sido clave, además, para revisar cuál es el presente y futuro de zonas vulnerables frente al cambio climático, la sobreexplotación, o los asentamientos poblacionales, como es el caso de la Amazonía.
Con más de 7,8 millones de kilómetros cuadrados de bosque, esta región es uno de los laboratorios naturales más importantes del planeta. Basta revisar el caso del agua dulce amazónica, que representa aproximadamente el 20% de las reservas mundiales.
La importancia de esta región para el desarrollo sostenible sudamericano impulsó la elaboración del informe La Amazonía y la Agenda 2030, donde se proyecta el plan de trabajo dentro de la región para los próximos 15 años.
El documento, elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), centra su atención en cinco puntos: sostenibilidad; alianzas público-privadas; inclusión de las comunidades indígenas; inversión verde, intercambio de conocimientos. A través de estos ejes, PNUD propone una agenda en la cual se pongan en marcha proyectos que tengan un nulo o mínimo impacto en el ecosistema amazónico.
El informe planeta, como la primera meta a superar para la conservación de esta región, las alianzas interestatales. La jurisdicción territorial de la Amazonía la comparten 1 497 municipios de ocho países. Brasil es responsable de un 64,3% de territorio amazónico, seguido por Perú (10,1%, Bolivia (6,2%), Colombia (6,2%) y Venezuela (5,8%). Los países con menor proporción de tierra en la zona son Ecuador (1,5%), Guayana (2,8%) y Surinam (2,1%).
La fragmentación territorial es, en ese sentido, uno de los principales retos que debe afrontar esta zona. Las aproximadamente 31 millones de personas que viven aquí deben enfrentar a legislaciones que dan a unas naciones la potestad para desarrollar proyectos mineros, por ejemplo, mientras que otras se ven afectadas por los desastres que ocurren afuera de sus fronteras.
Tal fue el caso de la contaminación por mercurio que afectó a la Amazonía peruana, en la región de Madre de Dios, en mayo de este año y que conllevó a una declaratoria de emergencia por 60 días. Aquí la explotación minería ilegal afectó la calidad de agua dulce, por lo que los peces recibieron dosis del metal pesado. Según explica el biólogo Alejandro Muñoz, esta fauna tiene contacto con la de Bolivia y Brasil debido a que existen canales fluviales bien conectados.
Para subsanar esas problemáticas, el informe expone que: “Por cuestiones de gobernanza que van más allá de las fronteras nacionales, existen oportunidades a través del fortalecimiento de tratados regionales y transnacionales que articulan las prioridades de desarrollo del país miembro con las necesidades locales”.
Una de estas iniciativas es el Tratado de Cooperación Amazónica, el “cual da prioridad a la conservación, protección y uso sostenible de los recursos naturales renovables; incorporando el uso sostenible de la biodiversidad, promoción de la bioinvestigación, conservación de las áreas protegidas y el manejo, seguimiento y control del comercio de especies de la fauna y flora”.
Para cumplir con los objetivos de Amazonía 2030, una de las estrategias expuestas es la autofinanciación de las iniciativas locales. En este ámbito, proyectos como Conexiones Sostenibles, que promueve el uso de productos certificados amazónicos en las urbes brasileras, inyectan dinero para las comunidades y que luego es invertido en programas al interior de la selva (educación, salud, vivienda, protección).
El informe concluye con un dato en particular: la gestión del conocimiento amazónico. Esto implica que las políticas e iniciativas deben basarse en modelos productivos ancestrales y eficaces para hablar de un futuro de la Amazonía.