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Los artistas ecuatorianos tienen opiniones divididas debido a la aprobación de la Ley 70/30 que limita el gasto público.
Esta normativa reduce el dinero destinado a eventos culturales y contrataciones artísticas en todo el país.
La reforma al Código Orgánico de Organización Territorial exige que municipios y prefecturas inviertan el 70% de su presupuesto en infraestructura.
Solo el 30% restante podrá usarse para gasto corriente, lo que afecta la organización de fiestas y celebraciones de identidad parroquial.
El Gobierno sostiene que el proyecto de ley, tramitado con carácter de económico urgente, busca sanear las finanzas locales mediante la exigencia de que al menos el 70 % del presupuesto de los GAD se destine estrictamente a inversión y mantenimiento.
Para asegurar el cumplimiento de esta regla fiscal, la iniciativa incorpora medidas de transparencia que obligan a los municipios y prefecturas a publicar informes trimestrales sobre la composición de su gasto.
El proyecto de carácter económico urgente también obliga al Ministerio de Finanzas a realizar informes de seguimiento trimestrales para asegurar el cumplimiento fiscal.
Esta medida busca transparencia, pero los gestores culturales advierten que los recursos para la cultura prácticamente desaparecerán de las agendas locales.
El músico Hugo Ferro, en medios, advirtió que el sector cultural podría perder hasta el 95% de sus ingresos anuales. Según Ferro, la mayoría de los artistas nacionales dependen de los contratos con los gobiernos locales para sobrevivir económicamente.
Él sostiene que el entretenimiento es un derecho de las parroquias para celebrar su propia historia y tradiciones. Para el artista, esta modificación al marco legal es una amenaza directa para quienes viven del arte en cada rincón del Ecuador.
Según Ferro, “Un estudio de la Universidad de las Artes, los contratos con municipios y prefecturas representan el 94 % de las ganancias para quienes hacen arte en el país. Esto significa que, si se recortan esos fondos, casi la totalidad de los ingresos de los artistas nacionales simplemente desaparecería”.
La artista Ceci Narváez asegura que la actividad artística genera una cadena económica que sostiene a muchísimas familias que hoy están en riesgo.
“Es algo nefasto lo que quieren hacer con el arte, la cultura y con los artistas ecuatorianos. Nosotros vivimos del arte y no solamente los artistas, sino los gestores culturales, tanta gente que depende de esta actividad, como las ventas de nuestra gente que prácticamente se vería afectadas”, señaló la artista Ceci Narváez en Quito Informa.
Por el contrario, Fausto Miño se mostró a favor de que el sector deje de depender del financiamiento estatal.
Miño afirma que los artistas deben mejorar sus shows para que la gente esté dispuesta a pagar una entrada propia. “Los artistas ecuatorianos, igual que cualquier proveedor de servicios, no debemos depender del Estado; debemos generar tan buenas canciones, tan buenos shows y tan buenas obras de teatro que la gente esté dispuesta a pagar un ticket por vernos”.
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