Las autoridades del CES informaron este 5 de septiembre del 2017 sobre el proceso de intervención en la Universidad de Loja. Foto: cortesía Consejo de Educación Superior.
La polémica que gira alrededor de la Universidad Nacional de Loja (UNL) continúa luego de la protesta que se registró ayer, 4 de septiembre, en las afueras del Consejo de Educación Superior (CES). Un grupo de estudiantes y profesores solicitaron a ese organismo mejoras en el establecimiento, intervenido desde junio del 2015.
También pidieron la salida del rector, Gustavo Villacís. Esta reacción generó que las autoridades del CES se pronunciaran la mañana de hoy, 5 de septiembre del 2017, sobre varios temas relacionados a ese centro ubicado en el sur del país.
Enrique Santos, presidente del CES, señaló que la UNL está intervenida desde hace tres años y este proceso terminará el 31 de julio del 2018. “El origen de la intervención descansa en acciones de la máxima autoridad ejecutiva, es decir, del rector. Los causales por los que se intervino la universidad tienen un 90% de responsabilidad en esa máxima autoridad y eso no ha cambiado”.
Destacó que los controles en la UNL serán monitoreados de forma permanente por las autoridades del Pleno del Consejo de Educación Superior. De otro lado, apuntó que el rector de ese plantel ha designado ilegalmente autoridades paralelas a las oficiales, lo cual ha perjudicado a miles de estudiantes.
Ante las críticas, el rector de la UNL se pronunció. Asegura que la intervención significa para el establecimiento el atropello de los derechos de los alumnos, “quienes se han visto impedidos de recibir clases así como de los docentes que no han percibido sus sueldos”.
Han pasado tres interventores en la Universidad Nacional de Loja –añade- y no hay visos de solución. Ellos son Tomás Sánchez, Jaime Medina y Patricio Noboa. A principios de 2017, desde el CES, se delegó a Carmita Álvarez veedora del proceso de intervención de la UNL para constatar las arbitrariedades cometidas por la misma Comisión de Intervención.
Además, desde junio del 2015, la Comisión de Intervención de la Universidad Nacional de Loja no ha permitido el normal desenvolvimiento de las clases, el accionar de las autoridades y el desarrollo de la institución. En dos años la institucionalidad se ha visto afectada dramáticamente.
Agregó que existe un atropello contra los derechos de la gente al no permitir el funcionamiento de la universidad. De ahí que el pueblo lojano está con la UNL para defender la institucionalidad del alma máter, “no estamos dispuestos a permitir un atropello más”.
Finalmente, antes de que empiece la intervención, la institución planificó un plan de mejoras. Este contempló la construcción de infraestructura, capacitación docente y mejoramiento de las condiciones académicas. Sin embargo, desde la llegada de la intervención este Plan se ha visto paralizado.