Una nueva normativa tiene de cabeza al mundo literario y académico de la Argentina. La misma establece que para importar libros y revistas (vía Amazon o DHL, por ejemplo) el ciudadano debe embarcarse en un trámite, que incluye viaje al aeropuerto de Ezeiza (a 35 km de Buenos Aires) y un desembolso extra de dinero (taxis de ida y vuelta: unos USD 70, y el pago por el examen químico que debe pasar la publicación importada).
Según el kirschnerismo, la regulación gubernamental, que ya despertó la protesta de intelectuales y científicos, agrupados en la Plataforma 2012, pretende proteger a los lectores de las tintas usadas en la impresión que puedan contener “más de 0,06% de plomo” y, por lo tanto, ser peligrosas para la salud de la población.
Para los miembros de la Plataforma, en cambio, constituye un atentado al “libre derecho a la información, y significan un triste y peligrosísimo avance sobre la libertad de creencias, opiniones y pensamiento”, según publicaron en su manifiesto del 26 de marzo.
Siendo Argentina un país con una sólida tradición cultural y literaria, la decisión de la Casa Rosada ha llamado la atención también en el exterior. Por ejemplo, Francisco Peregil, corresponsal de El País de España, ha sugerido que la medida está relacionada con la “carrera” del Gobierno argentino “por evitar la depreciación del peso” (para que no salgan más dólares de los que entran); y Andrés Hoyos, publicó ayer en El Espectador (Colombia) un artículo que critica la regulación, que a su criterio obedece a la lógica de la burocracia, a la que califica de “mecanismo gigante operado por pigmeos”.