El derecho a la democracia

El derecho a la democracia garantiza la participación igualitaria de todas las personas en la vida política y pública de cada país. Implica también deberes correlativos.

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El origen del derecho se remonta a las antiguas Grecia y Roma. Sócrates tuvo la idea de las leyes justas aplicables a todos, y los juristas romanos, como Ulpiano, clasificaron el derecho en público y privado. Luego evolucionó a lo largo de la historia con contribuciones de la filosofía, la sociología, la política, la ética y la epistemología. La palabra “derecho” proviene del latín directus, que significa “recto” o “lo que no se desvía”, y refleja la idea de normas claras y justas.

La democracia -del griego dēmokratía- significa literalmente “poder del pueblo”, y su primer registro en español data de 1640. El vocablo democracia fue acuñado en Atenas, en el siglo V a.C., durante la época de Pericles, cuando se implementó la primera forma de democracia conocida.

Tras la caída de la Atenas clásica, la idea de democracia resurgió en Europa de manera fragmentaria, en los cantones suizos y algunas repúblicas italianas y alemanas. Y se consolidó durante la Revolución Francesa de 1789, cuando se promovieron los ideales de soberanía popular y derechos individuales. Desde entonces, el término se ha aplicado a diversos sistemas políticos modernos, tanto capitalistas como socialistas, que se consideran democráticos por permitir algún grado de participación ciudadana.

Los principios

Aunque la práctica del derecho ha evolucionado, la esencia etimológica de “poder del pueblo” sigue siendo central en su definición. El derecho en la antigua Roma se consolidó como un sistema de regulación social que buscaba la paz y la equidad entre los ciudadanos, inspirado tanto en el derecho consuetudinario como el derecho civil en Occidente.

A lo largo de la historia, el derecho ha evolucionado mediante la costumbre, la legislación y la interpretación judicial. Documentos históricos como la Carta Magna de 1215, en Inglaterra, y la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, en Francia, consolidaron los principios de igualdad de las personas ante la ley y la limitación del poder absoluto.

Pensadores como Charles Louis de Secondat, señor de la Brède y barón de Montesquieu, promovieron la separación de poderes, que fortalecieron la estructura del Estado de derecho moderno. “El espíritu de las leyes” publicada por primera vez en 1748, fue una contribución importante a la teoría política, en el contexto del movimiento intelectual y cultural conocido como la Ilustración.

Derecho y democracia

Son dos vocablos concurrentes. El derecho como garantía o facultad inspirado en la igualdad ontológica de los seres humanos, y la democracia como modelo político de ejercicio del poder soberano del pueblo. En este sentido, el derecho a la democracia permite que las personas participen en condiciones de igualdad en la toma de decisiones políticas, y en la gestión de los asuntos públicos, ya sea directamente o mediante representantes elegidos libremente.

El derecho a la democracia está consagrado en el artículo 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que establece que toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, acceder a funciones públicas en igualdad de condiciones, y que la autoridad del poder público se basa en la voluntad del pueblo expresada mediante elecciones auténticas, periódicas y libres

Derechos interdependientes

Para que el derecho a la democracia se cumpla deben garantizarse otros derechos interdependientes: el derecho a la asociación y participación política; el derecho al sufragio universal, igual y secreto; la libertad de expresión y acceso a la información; y, los medios de comunicación libres, independientes y pluralistas.

Estos derechos aseguran que la democracia funcione como un sistema inclusivo y participativo, donde los ciudadanos puedan influir en las decisiones que afectan su vida social, económica y cultural.

En una democracia participativa, los ciudadanos no solo tienen derechos, sino también responsabilidades que fortalecen el sistema democrático, que incluyen: respetar las leyes y normas; ejercer el voto y participar en procesos electorales; informarse sobre asuntos políticos y sociales; y, contribuir al bienestar común y a la convivencia pacífica. El cumplimiento de estas responsabilidades permite que los derechos democráticos se ejerzan de manera efectiva y que la sociedad funcione de forma justa y equitativa.

Relevancia internacional

La democracia es un valor central de las Naciones Unidas y se considera un entorno propicio para la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales. La ONU promueve la gobernanza democrática, la participación ciudadana, la igualdad de género y la rendición de cuentas, asegurando que la voluntad del pueblo sea la base de la autoridad gubernamental. Además, la democracia se vincula estrechamente con el desarrollo sostenible, la paz y la seguridad internacional.

En esencia, el derecho a la democracia es fundamental para garantizar la participación activa de los ciudadanos, la igualdad de oportunidades y la protección de los derechos humanos. Su ejercicio efectivo depende de la existencia de instituciones democráticas sólidas, medios de comunicación libres y la responsabilidad de los ciudadanos en la vida pública.

La democracia se enseña

Para que el derecho a la democracia no quede en las declaraciones, el sistema educativo debe activar sus estructuras con un objetivo central: promover en todos los centros educativos del país, la educación para la democracia -con fundamentos teórico-metodológicos y didácticos (como eje transversal)- mediante programas y proyectos de cívica, valores humanos y ejercicios reales de participación estudiantil, en los diferentes escenarios y momentos del calendario escolar. La cercanía de los planteles a la problemática de las comunidades es fundamental.

La idea es que los niños, niñas y adolescentes aprendan a reconocer y vivir la democracia, ejercer sus derechos y obligaciones, a través de manuales y guías que formen ciudadanos y ciudadanas sensibles a los problemas sociales, económicos y ambientales, debatir en asambleas y definir proyectos de servicios con libertad, y organizarse democráticamente en sus aulas. 

La integración curricular de los contenidos sobre derechos humanos, ética, historia de la democracia y participación estudiantil son importantes, para promover el pensamiento crítico y plural mediante debates, concursos, exposiciones sobre dilemas éticos, diversidad cultural y violencia escolar. Y por supuesto, apoyar la formación de docentes especializados en valores democráticos y metodologías participativas para garantizar una enseñanza efectiva de la democracia.