El Consejo Nacional de Educación

La Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), Arts. 23 y 24, expresa que “el Consejo Nacional de Educación (CNE) es un organismo permanente de orientación y consulta de la Autoridad Educativa Nacional”. Sus funciones son: “participar en la elaboración del Plan Nacional de Educación; ser órgano de consulta en materia educativa general; y, definir, conjuntamente con el Consejo de Participación Ciudadana, los mecanismos de participación de la ciudadana en el ámbito educativo nacional, de conformidad con la Constitución de la República y la Ley”.

La educación, prioridad nacional

Las Naciones Unidas reconocen la importancia y urgencia de la educación universal en los Objetivos del Tercer Milenio (ODM), a los que se ha adherido el Ecuador. La Constitución de 2008 y la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) reconocen a “la educación como un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado”.

Pese a estas adhesiones formales y a las declaraciones de la educación como prioridad del desarrollo nacional, que forman parte del discurso oficial, el Consejo Nacional de Educación (CNE), máximo organismo del sistema educativo nacional, no ha sido constituido -como obliga la Ley- ni funciona desde 2011.

Esta grave omisión afecta a todo el sistema educativo, desde el ciclo inicial hasta el superior, porque impide, en la práctica, diseñar, ejecutar y evaluar el Plan Nacional de Educación -hoy inexistente- que es responsabilidad de este organismo.

Causas posibles

El sector educativo del Ecuador no puede trabajar sin un plan de corto, mediano y largo plazo. Los planes de desarrollo humano, social, económico y cultural tienen como eje nuclear a la educación, como un derecho de todas las personas y un deber ineludible del Estado, pero en el caso del Ecuador, la no convocatoria al CNE, no solo pasa por el olvido o la indiferencia, sino por la falta de liderazgo político, cultural y social que concierne a esta generación. ¿Cuáles son las causas de esta falencia?

Consultados algunos actores, las respuestas sin disímiles: el CNE es -o puede ser- un obstáculo político para los gobiernos, pues su integración abre espacios para el debate social sobre las directrices de la educación nacional; el proceso de organización del CNE, establecido en la LOEI es, supuestamente, engorroso, demanda tiempo y negociaciones con otros interlocutores (profesores, padres de familia, estudiantes, municipalidades, educación bilingüe, silla vacía, entre otros); escaso interés de la sociedad civil y los medios de comunicación en los cambios educativos; y, malas experiencias anteriores, en relación con el funcionamiento de los “consejos” que han dilatado los asuntos principales por discusiones intrascendentes y sin resultados verificables.

Agenda mínima

La sociedad espera del CNE -máxima autoridad del sistema educativo ecuatoriano– los siguientes puntos relevantes:

• Plan Nacional de Educación (2026-2050), a través de una consulta nacional y mesas técnicas interdisciplinarias.
• Políticas Educativas Públicas: 1) Aplicación de la norma constitucional sobre el presupuesto general del Estado, en lo que al financiamiento de la educación nacional se refiere. 2) Alfabetización digital (+conectividad universal). 3) Gobernanza y monitorio sobre la calidad, cobertura, gestión y evaluación de todo el sistema educativo. 4) Fortalecimiento de la educación intercultural bilingüe con rendición de cuentas. 5) Actualización pedagógica de todo el magisterio, con la participación obligatoria de las facultades de Ciencias de Educación del país. 6) Plan Nacional de Lectura para maestros, padres de familia y estudiantes. 7) Modelo de educación dual, vinculación de las aulas con el trabajo. 8) Sistema Nacional de Escuela para Padres. 9) La Inteligencia Artificial en las aulas escolares. 10. Formulación y aplicación de la Ética Civil, como eje transversal en todo el sistema educativo.
• Proyectos: 1) Escuelas innovadoras. 2) Textos Escolares Digitales. 3) Las ciencias en las aulas. 4) Concursos nacionales de caligrafía y ortografía. 5) Prevención de riesgos (violencia estructural). 6) Educación para la salud integral (física, mental y emocional). 7) Reforma educativa desde las aulas. 8) Mujeres pedagogas a la vanguardia. 9) Mapa ético escolar. 10) La cultura física y el tiempo extraescolar.

Responsabilidades

La no convocatoria al CNE -que es una disposición obligatoria y no discrecional- tiene responsabilidades constitucionales, legales y socio-educativas. Se puede entender la posición de un gobierno o gobiernos para prescindir de una decisión de esta naturaleza, pero ni siquiera se ha intentado cumplir y hacer cumplir con esta norma, lo cual deja grandes interrogantes a los ciudadanos. Una de ellas es procedente: ¿Es exigible el cumplimiento de una ley y quién debe obligar ese acatamiento?

La Corte Constitucional del Ecuador es garante del orden jurídico y del ejercicio de los derechos fundamentales. En varias ocasiones, la CCE ha exhortado al Gobierno y a la sociedad a promover un diálogo democrático. Este es un caso relevante. Que esta reflexión sobre la vigencia del CNE -no en el papel, sino en la práctica– sea conocida y garantizada.