27 de junio de 2019 21:52

La Sede Nacional y el Núcleo de Pichincha se llevan el 51% del presupuesto de la Casa de la Cultura Ecuatoriana

La Comisión de Educación durante la sesión sobre la asignación de presupuestos a núcleos provinciales de la Casa de la Cultura. Foto: Tomada de la cuenta Twitter Asamblea Nacional

La Comisión de Educación durante la sesión sobre la asignación de presupuestos a núcleos provinciales de la Casa de la Cultura. Foto: Tomada de la cuenta Twitter Asamblea Nacional

valore
Descrición
Indignado 5
Triste 0
Indiferente 0
Sorprendido 0
Contento 1
Gabriel Flores

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

En Azuay, el sitio arqueológico Manuel Agustín Landívar, un espacio en el que hay vestigios de la cultura Cañari e Inca, está cerrado por falta de recursos para mantenimiento y seguridad. En Manabí no existe dinero para pagar los servicios básicos para la segunda mitad del año. Y en Tungurahua, la pinacoteca, un espacio donde se resguardan 167 obras incluidos cuadros del maestro Víctor Mideros, fue declarada en emergencia por la presencia de hongos.

Estos son solo tres de los ejemplos de los problemas que atraviesan los 24 núcleos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y que fueron expuestos ayer (26 de junio del 2019) en la sesión que se realizó en la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Asamblea Nacional.

A la sesión, que se extendió durante tres horas, acudió Raúl Pérez Torres, exministro de Cultura y Patrimonio; Camilo Retrepo, presidente de la sede de la Casa de la Cultura; y Joaquín Moscoso, director del Instituto Nacional de Patrimonio. Estas autoridades fueron convocadas para que se explique cómo se ha manejado la asignación de recursos a los núcleos de la Casa de la Cultura. En la sesión también estuvo Martín Sánchez, director del Núcleo del Azuay; Fidel Intriago, director del Núcleo de Manabí; Fernando Cerón, director del Núcleo de Tungurahua.

Cerón explicó que habría existido un incumplimiento de la Ley Orgánica de Cultura y que se habrían vulnerado los derechos de la ciudadanía por parte de las autoridades de la sede de la CCE, en relación a la asignación de recursos para los núcleos. “Este año, el núcleo de Tungurahua recibió un presupuesto de USD 284 306 00 lo que representa el 1,79% del presupuesto total. Hay un nivel de inequidad profunda en la repartición de recursos”.

Para este año, la sede de la CCE tiene un presupuesto de USD 7 468 557 04 y el Núcleo de Pichincha UD 640 873 00, lo que representa el 51,14% del presupuesto total, el 48, 32% se lo dividen entre los 23 núcleos restantes. De acuerdo con la Pro forma, aprobada en diciembre del 2018, el presupuesto para el funcionamiento de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, incluidos sus núcleos, es de USD 15 923 291.

Intriago explicó que en el caso de Manabí, la crisis es más grave por el estado en el que quedó la infraestructura cultural de la provincia luego del terremoto de abril del 2016. Para este año, este núcleo cuenta con un presupuesto de USD 388 003 00 de los cuales solo USD 80 000 son para ejecución de proyectos.

“A tres años del terremoto -dijo- no se ha invertido un centavo de los recursos que se captaron por la Ley de Solidaridad para invertirlos en la infraestructura cultural destruida por el terremoto. La respuesta de las autoridades de la sede de la CCE, ante nuestros reclamos, ha sido que la Ley Orgánica de Cultura es inaplicable”.

Uno de los artículos de la Ley Orgánica de Cultura más citados durante la sesión fue el artículo 167, que establece los criterios para la distribución de recursos de la CCE:

-Importancia demográfica de la provincia;
-infraestructura;
-eficiencia administrativa;
-calidad de la gestión, la que comprenderá acceso, participación, interculturalidad, fomento, circulación, educación, entre otros.

Estos criterios se establecieron en el artículo 140 del Reglamento General de la Ley Orgánica de Cultura que está vigente. Durante su intervención Pérez Torres dijo que desde su aprobación ha peleado en contra del reglamento de esta ley. “Nosotros decidimos no hacer caso de ese reglamento y ver la posibilidad de que se apruebe uno nuevo que presentamos a Presidencia”, expresó.

En la práctica, lo dicho por el exministro de Cultura y Patrimonio quedó asentado en la reunión de la Junta Plenaria de la CCE realizada el 21 de junio del 2017, donde Restrepo, según un documento que se adjunto en la información entregada a la Comisión, el Presidente de la Sede Nacional decidió declarar inaplicable el Reglamento de la Ley y mocionar para que la junta lo declarase inaplicable.

Desconocer el Reglamento es lo que, a criterio de Martín Sánchez, presidente del Núcleo del Azuay, está limitando las acciones culturales dentro de la provincia. “No estamos pidiendo que se incremente los recursos a los núcleos, sino que se cumpla la ley que tiene dos años y medio de vigencia, que hasta el momento no ha sido aplicada y a la que se le quiere hacer reformas. Hay que terminar con el modelo en el que la sede acapara los recursos", señaló.


En un comunicado emitido este 27 de junio del 2019, la Sede Nacional de la CCE recogió la intervención de Restrepo frente a la Comisión. Aquí se señala que en la primera junta plenaria de su gestión "los 24 directores declararon que no era legal el Reglamento, incluidos los tres presentes: Fidel Intriago, Martín Sánchez y Fernando Cerón".

Descrición
¿Te sirvió esta noticia?:
Si (2)
No (0)