Asambleístas sorprendieron el 3 de septiembre al superintendente de Bancos y Seguros, Pedro Solines, con reclamos sobre las dificultades que, al parecer, tienen al solicitar créditos en la banca privada por ser legisladores.
Solines acudió a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea para explicar la situación del Banco Sudamericano, que actualmente se encuentra en liquidación.
Al final de la comparecencia fue bombardeado de preguntas por parte de asambleístas, quienes señalaron que se sienten discriminados en el acceso a préstamos en la banca.
El titular de la Comisión y miembro de Alianza País, Gabriel Rivera, relató que el banco donde tiene una cuenta desde hace 15 años le negó un crédito porque “su profesión era de riesgo”.
“Yo fui a sacar un crédito y me dijeron qué ocupación tenía.
Como hace años me negaron un crédito por ser abogado, entonces ya no puse abogado, sino asambleísta. ¡Y Me negaron por ser asambleísta!”, comentó en tono jocoso.
La asambleísta María Carrión relató que acudió a una entidad bancaria para abrir una cuenta, pero le señalaron que se requería una autorización superior del banco.
“Me dijeron que iban a recoger mi información porque era una persona políticamente expuesta y que después me iban a dar la autorización. Hubo molestia porque no somos delincuentes.
Que traten de insinuar que eres una persona que podrías dilinquir o que podrías usar a la banca para delinquir es terrible. Yo me sentí muy mal”.
Solines aclaró que, como asambleístas, no están impedidos de acceder a los servicios del sistema financiero. Explicó que la normativa internacional sobre lavado de activos califica a políticos, como los asableístas, como personas políticamente expuestas.
Pero el funcionario aclaró que en estos casos lo que el banco debe hacer “es un análisis de información mayor para que no haya vinculaciones en los préstamos, otorgamiento de préstamos en condiciones preferenciales lo cual está prohibido por ley…, pero hasta ahí. Pero prohibición no hay”.
El funcionario dijo que “el malestar entre políticos y asambleístas es recurrente sobre este tema”.
“Es una discriminación”, “Es ilegal”, insistieron los asambleístas de la Comisión.
Rivera pidió al Superintendente que envíe a los bancos una circular “para que no se exagere en este control”.
El pedido fue acogido por Solines. “En las próximas horas enviaré una circular al sistema financiero para recalcar que una cosa es solicitar información y otra arguir o fundamentar una negativa de acceso al sistema financiero, para abrir una cuenta o solicitar un crédito, lo cual es inconstitucional”, dijo.
Las sanciones para este último caso, recalcó, van desde llamados de atención, multas e incluso el cierre de una entidad financiera.