Juan Pablo Torres y Nicolás Salas ofrecen su asesoría legal, de forma gratuita, en Quito. Foto: Paúl Rivas/ EL COMERCIO.
Para ayudar a quien más lo necesita no es necesario tener una profesión específica o ser miembro de un voluntariado, las ganas de aplicar los conocimientos en favor de los demás, es suficiente. Esto es lo que ha motivado a dos jóvenes abogados a ofrecer asesoría y asistencia legal gratuita a personas de escasos recursos.
La idea es que los afectados tengan claro cuáles son sus derechos para que, al momento de acudir ante una autoridad judicial, puedan defenderse. Así lo explica Juan Pablo Torres, quien tiene 28 años y brinda este servicio desde que tenía 26. Entre las tareas de este abogado está la elaboración de escritos y el acompañamiento a las audiencias, con la intención de que las personas menos favorecidas puedan acceder a este proceso que, por lo general, puede ser largo y costoso.
Todavía recuerda cuando ayudó a un grupo de indígenas que quería formar un gremio para ofrecer servicio de transporte en su comunidad. Este ha sido el caso más complejo ya que constantemente se les negaban sus peticiones. Después de seguir todo el proceso, finalmente, perdieron el caso.
Para él, esta no fue una derrota. Por el contrario, las personas que en un inicio pensaron que estaban perdidas, después de los ocho meses, se dieron cuenta de todos los derechos que les asisten y “eso ya es ganar”. Además de su estudio jurídico, Torres es docente universitario. A través de su labor social, busca que sus alumnos se motiven a seguir su ejemplo.
Nicolás Salas, en sus clases, también transmite la idea de devolver al abogado su función social y el sentido humanista, que muchas veces no es relacionado con la profesión. Asumir casos pro bono permite adquirir destrezas en litigios y demostrar que los abogados jóvenes son capaces de dar un servicio de calidad.
Este abogado de 33 años ofrece la asistencia y asesoría legal gratuita en su consultorio jurídico desde el 2012. Los casos penales, sobre todo vinculados a menores de edad, son los más frecuentes. Sus actividades en favor de quienes más lo necesitan le han brindado varias satisfacciones y han reafirmado su vocación en el derecho.
Uno de los casos que más le impactó desde que inició con esta labor fue el de una violación. El proceso no avanzaba hasta que los afectados se pusieron en contacto con él. Después del asesoramiento, el delito no quedó en la impunidad. Lamentablemente las personas no conocen sus derechos y el tema económico es un factor decisivo en el momento de acceder a un proceso penal, expone Salas.
Para poder ofrecer el servicio gratuito, los abogados primero realizan una evaluación del caso y de la situación del afectado. De esta forma se aseguran de que la persona los busca porque realmente necesita la ayuda y no solamente porque no quiere pagar por la asistencia jurídica.
Es grato observar que la asesoría legal gratuita ha ido tomando fuerza en los últimos años, dice Torres. Existen abogados particulares, fundaciones y organizaciones sin fines de lucro que también brindan la ayuda en estos casos.
La Fundación de Asistencia Jurídica, Social y Económica del Migrante ecuatoriano, también ofrece sus servicios en todos los ámbitos, pero, especialmente, relacionada a los migrantes retornados o de cualquier nacionalidad que se encuentren en el país. María Fernanda Hinojosa, coordinadora de la Fundación, explica que los profesionales brindan la asesoría y, si cumple con todos los requisitos y lleva la documentación necesaria, acompañan a los afectados durante todo el proceso.
Generalmente, las personas acuden a la Defensoría Pública, y desde este organismo, les remiten a uno de los consultorios jurídicos gratuitos acreditados. En las universidades además existe un departamento que brinda esta ayuda.