El Gobierno tramitará el indulto para los sentenciados por la asonada del 30 de septiembre del 2010 (30-S), siempre que pidan perdón al presidente Rafael Correa. Así lo anunció ayer Alexis Mera, secretario jurídico de la Presidencia, quien explicó que los trámites no irán a conocimiento de la Asamblea Nacional. Para ello, el Ejecutivo aplicará la Ley de Gracia, vigente desde 1894. Ese cuerpo legal establece el camino para que un preso sea indultado, en el que no figura la aprobación de la Legislatura. Según la Ley de Gracia, el Gobierno pedirá un informe a la Corte Nacional de Justicia, que determinará si la infracción es o no de las excluidas de la gracia. Además, el Ministerio del Interior redactará un reporte sobre la detención y conducta del reo, ya que la "gracia" solo se concede al sentenciado que esté en prisión.