Miles de pasajeros se desplazan diariamente por avión. Empresarios grandes y medianos, constructores, académicos y funcionarios públicos dependen de un cada vez más desordenado sistema aeroportuario cuyas falencias son cada día más evidentes y afectan la dinámica nacional.
Los atrasos en los vuelos no se deben únicamente a las condiciones del clima – algo al fin y al cabo incontrolable-, dependen mucho de las deficiencias mecánicas, la alta demanda operativa y la organización aeroportuaria, donde temas como la precaria disponibilidad de mangas o el abastecimiento de combustible aeronáutico complican la situación, retrasan las operaciones y con ellas trastocan la agenda, causando perjuicios económicos y otros retrasos.
No se cuenta con un adecuado sistema de reclamos a las demandas de los pasajeros, cada vez más frecuentes, y la impotencia de las autoridades es manifiesta, como se evidencia en la entrevista del Defensor del Pueblo de Pichincha a EL COMERCIO (8 de noviembre, página 2), quien dice desconocer si la autoridad aeroportuaria sanciona los incumplimientos de las líneas aéreas con los usuarios. No hay oportuna entrega de información sobre las sanciones por parte de la autoridad.
La renovación de equipo (aviones más nuevos) reduce la recurrencia de incidentes y en los últimos años se ha modificado el registro de accidentes. Las flotas son costosas y las exigencias de los organismos de aviación nacional y sobre todo internacional, en materia de seguridad aérea, son cada vez más rigurosas.
Ante una actividad que ha cobrado tanta importancia en la vida nacional, la gente se pregunta si existe una autoridad responsable que oriente su tarea con parámetros altamente técnicos, sin injerencia política ni compadrazgo.