Quieren recuperar sus propiedades embargadas y responder a los juicios que les plantearon los usureros. Por eso se organizaron en Pichincha, Azuay, Guayas, Tungurahua, Chimborazo, Santo Domingo de los Tsáchilas y Loja. Ahora son más de 2 000 y pertenecen al Movimiento Pro Justicia contra la Usura y Corrupción.