Hace algunos meses, en medio de la Conferencia de Copenhague, se dio la noticia de que el Gobierno del Ecuador había suspendido la negociación internacional para crear un fideicomiso con aportes de varios países y organismos, con el que se cubriría al menos en parte, una suerte de indemnización para que no se explotara el petróleo en el sector Yasuní, el llamado asunto ITT.
Habían surgido muchas expectativas sobre el proceso, ya que era el primero en el mundo. Gracias a un esfuerzo internacional, se dejaba de explotar hidrocarburos en una zona en que hay un ambiente particularmente frágil y sobre todo una población indígena expuesta a la pérdida irreparable de sus medios de vida. La decisión del Presidente de la República, a todas luces precipitada, aunque con fundamento, provocó un papelón internacional para nuestro país. Me hallaba en una reunión académica en Oxford y tuve que enfrentar el cuestionamiento de los asistentes, que no entendían esa actitud de un Gobierno que se confesaba progresista. Reconozco que no tuve respuesta.
Confieso que era pesimista sobre este tema. Pero mucha gente que se había comprometido con el proyecto vio el lado positivo y arrimó el hombro a las labores. Mi colega, Carlos Larrea Maldonado, que fue uno de los gestores de esta suerte original de canje de recursos, siguió siendo un gran entusiasta y me convenció de que había una seria posibilidad.
Luego de dimes y diretes los voceros oficiales dijeron que las negociaciones continuarían y que el proyecto original se mantendría, precautelando la participación del país en las decisiones, que al parecer estaba amenazada, sobre todo por un excesivo control del PNUD. Se anunció que Ivonne Baki sería nuestra negociadora. Muchos criticaron esta decisión, pero quienes la conocemos sabíamos que tiene los contactos y el coraje como para un complejo emprendimiento.
Con el paso del tiempo, las negociaciones avanzaron y la disposición de los gobiernos se manifestó. Los recelos causados por la decisión anterior estaban siendo superados. Con diversos mecanismos, varios países fueron comprometiendo sus aportes y también el esquema del fideicomiso fue tomando forma. Delegados del más alto nivel vinieron al Ecuador y en poco tiempo la base jurídica estaba lista.
Hace pocos días se dio el gran paso de establecer el mecanismo legal. Todo esto apuntó a que el proyecto pueda irse concretando con los aportes de los países. De parte del Gobierno ecuatoriano, justo es reconocerlo, hubo buena disposición y las ofertas se transformaron en hechos. El resultado es que el caso ITT parece en buen camino de concretarse. Y esa es una buena noticia para el Ecuador y para quienes quieren avanzar en el respeto del ambiente y de los pueblos que valen más que los petrodólares y los oleoductos.