La Asamblea Nacional acaba de aprobar una reforma a la Ley de Ordenamiento Territorial, mediante la cual se crearía una nueva superintendencia para supervisar el trabajo que en esta materia les corresponde a los municipios, identificados pomposamente como Gobiernos Autónomos Descentralizados, con lo cual se les quitaría automáticamente su calidad de autónomos, pese a que tal condición está expresamente señalada en la Constitución Política.
Lo peor: el organismo que se crearía tendría una estructura burocrática enorme, pues le tocaría controlar las acciones de cada uno de los municipios del país, necesitando para ello a lo mejor más empleados que las otras superintendencias, como, por ejemplo, la de Economía Solidaria que actualmente contaría, según una investigación del Diario EL COMERCIO, con 676 empleados, o la de Bancos que tendría 705 o hasta la de Cías que dispondría, nada menos, que de 777 servidores.
El rol de pagos estatal casi se duplicó en estos últimos años, al pasar de 350 000 a más de 600 000 empleados y que el gasto en salarios se triplicó al aumentarse de USD 3 160 millones en el 2006 a 9 500 millones en el 2014, es fácil deducir que el gasto corriente está afectando directamente la inversión que es la que el país necesita y no más burocracia.