Mal comienzo el de los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Desde las barras organizadas en la Asamblea en el acto de posesión, hasta las expresiones demagógicas de júbilo de los posesionados. No estuvieron a la altura de las circunstancias, más cuando las críticas a su existencia son generalizadas, precisamente por los antecedentes negativos de la actuación de sus miembros a lo largo de su relativamente corta existencia.
Sus primeras acciones son censurables. No solo las formales como las relacionadas con el acto de posesión, sino las declaraciones altisonantes respecto de la categoría de los interlocutores, realizadas por su Presidente. Y las de quienes, antes de entrar en funciones, piden cuentas a sus antecesores, tratando de minimizar su acción y desconociendo la calidad ética de sus integrantes, que prestaron servicios fundamentales al país en busca de la reinstitucionalización indispensable. Desconocer el perjuicio causado por el Cpccs al país, al convertirse en instrumentos de la concentración de poder y cómplices de la más espantosa ola de corrupción que azota al Ecuador, es peligroso y no abona a la seriedad de una función tan importante y delicada.
Un Cpccs que nombró autoridades de control incondicionales al gobierno, sin que reunieran las condiciones necesarias, éticas y de independencia, lo volvió pernicioso e ilegítimo. No ser conscientes de que hay un proceso para eliminar al organismo, por la enmienda constitucional que está en trámite en la Asamblea Nacional, o por una Consulta Popular, es insensible, por decir lo menos. Y es provocar una mayor reacción a una opinión generalizada de que el Cpccs debe desaparecer.
La bajísima votación obtenida en las elecciones pasadas, el patrocinio encubierto o descubierto de sectores políticos de uno y otro signo, ponen a sus integrantes, automáticamente, bajo observación. El festejo entusiasta de asambleístas identificados con la revolución ciudadana, que en todos los actos de posesión de autoridades designadas se han ausentado, confirma las sospechas de una relación que puede dirigir acciones para torpedear las acciones del Consejo presidido por Julio César Trujillo e integrado por hombres de bien, respetables y respetados, acciones que se encuadraron en la necesidad de devolver al país la institucionalidad perdida.
El mal comienzo de las acciones de los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social ratifica la necesidad de que se instrumenten los cambios que desaparezcan el engendro en que se convirtió. Las enmiendas que tramita la Asamblea son un camino idóneo, aunque deban esperar un año entre la primera discusión y la segunda. En ese espacio de tiempo el Ecuador entero debe estar vigilante de sus actuaciones, porque si son como sus primeras acciones, merecerán el repudio de todos, confirmando la necesidad de eliminar un organismo inconveniente bajo el cristal con que se lo mire.