Hace muy pocas semanas reflexionábamos en esta columna sobre el viejo país y la vieja política, dos elementos muy ligados que causan desazón por toda la expectativa generada a partir de la nueva Constitución aprobada en Montecristi y hoy en plena vigencia.
Los arreglos parlamentarios talvez ya no son como antes, en los baños, en la cafetería; sin embargo, los telefonazos desde lo más alto del poder son comunes y no sorprenden a nadie.
Los mismos telefonazos funcionaban por igual para los políticos congresales o para la justicia y sus decisiones. Se decía que desde cierto barrio pelucón de Guayaquil se dictaban providencias o sentencias y eso, con la nueva política, debería haber quedado en el pasado.
Pero no, lamentablemente no, las viejas prácticas, la vieja justicia siguen vigentes en el Siglo XXI. Da la impresión de que nadie quiere correr riesgos, nadie se atreve a desafiar al gran poder político y hoy, en medio de acertijos, se dictan sentencias para sancionar a un periodista de opinión como Emilio Palacio, a quien no conozco personalmente sino a través de sus artículos de opinión.
Palacio escribió luego de que un grupo de empleados y trabajadores fueron hasta las instalaciones de diario El Universo a hostilizar a los periodistas que allí trabajaban. Una práctica que no veíamos desde aquellas tanquetas que rodearon la ex Corte Suprema de Justicia por orden del poder de entonces.
Esa justicia que entonces sentenció a un científico como el doctor Rodrigo Fierro, parece que ha vuelto en gloria y majestad para llenarnos de pesimismo. Supongamos que hubo difamación por decirle matón a un aniñadito que hoy se declara revolucionario.
Según el diccionario de ecuatorianismos del académico Carlos Joaquín Córdova, matón es el estudiante de la escuela o del colegio muy aplicado. Un término que hoy en día es definido como ‘norio’, un neologismo que no aparece en la obra citada.
Si la idea es sancionar al supuesto injuriador, ¿qué tiene que ver el pedido del pago de una indemnización por tres millones de dólares? O se trata de una buena oportunidad de garantizarse ingresos mediante una decisión judicial o es un buen negocio sentirse difamado.
Con esas premisas todos los injuriados y maltratados del país tenemos derecho de acudir a la justicia en busca de una millonaria indemnización. El mismo Palacio pudiera acudir a esas instancias por todo lo que le han dicho durante varios sábados desde lo más alto del trono del poder político.
Pero saben qué, la cárcel no calla el derecho a opinar ni el dinero que se reciba por una fuerte indemnización es digno. ¿O acaso la dignidad se mide por millones de dólares? Ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario, como decía hasta hace algún tiempo atrás el sabio Zoilo Máximo.