La polémica continental que lidera Ecuador, seguida por sus pares de la Alianza Bolivariana contra la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), afecta y deteriora importantes antecedentes que son indispensables para una evaluación histórica de la lucha continental en este ámbito. Similares procesos -aunque sin éxito-, deben haber existido embrionariamente en la misma época en el seno de los crueles procesos de independencia en África y Asia. ¿O es que los teóricos del socialismo del siglo XXI desconocen lo sucedido en Argelia o Indochina? De igual manera, los pueblos resguardados tras la Cortina de Hierro hubiesen anhelado una entidad independiente del buró político del Partico Comunista de la URSS. ¿O es que también los revolucionarios ignoran lo que pasó en Berlín en julio de 1953, en Poznan, Polonia en 1956 o en noviembre del mismo año en Budapest luego de la barrida impecable que hicieron los tanques T-54 soviéticos? Era la década de los cincuenta del siglo pasado cuando el tema de los derechos humanos bullía en el mundo de la Guerra Fría.
En la Quinta Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores en Santiago de Chile en 1959 se proclamó que “la armonía entre las repúblicas americanas solo puede ser efectiva en el respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales y el ejercicio de la democracia representativa sean una realidad en el ámbito interno de cada una de ellas”. Los ministros sabían que era una época en la que todo se podía hacer o permitir en la lucha contra el comunismo y defender a un paraíso calificado de Occidental y Cristiano. Por eso surgen terribles sospechas cuando se pretende, en peroratas sin réplicas, destruir a la Comisión Interamericana que fue creada por el Pacto de San José diez años después.
Jurídicamente el intento de destruir o neutralizar a la CIDH deja ver las intenciones contra el sistema. La Comisión es el órgano administrativo que estudia la admisibilidad de las denuncias para que los casos sean juzgados por la Corte Interamericana; de tal manera, que toda acción sobre violaciones de derechos humanos tiene que ser calificada y admitida por la Comisión antes de enviarla a la Corte para su juzgamiento. Por tanto si se la elimina, modifica o restringe, todo el sistema se desarticula. Los pueblos no son juristas ni especializados en denuncias graves, pero sin la libertad de expresión es muy difícil que los secretos de Watergate, el crimen del fotógrafo Cabezas en Argentina, los crímenes de Fujimori y aquellos por los cuales se ha condenado al Ecuador se hubieran conocido y juzgado. Desahuciar el Tratado de Asistencia Recíproca pulveriza una chatarra, cambiar la carta fundacional de la OEA es indispensable; pero desahuciar el pacto de San José es otra cosa. Excelente el ropaje, pero la abuelita de Caperucita no puede ocultar su origen zorruno.