Frente a los millonarios casos de corrupción que se produjeron durante la “década ganada”, de los cuales solo una pequeña parte han llegado a las cortes, lo ocurrido recientemente con la vicepresidenta de la República, María Alejandra Vicuña, parecería algo insignificante y, hasta cierto punto, desmedido.
Jorge Rodríguez, miembro de la Comisión Cívica de Lucha Contra la Corrupción, estima en cerca de 25 mil millones de dólares el perjuicio al Estado como producto de la corrupción durante la década del correísmo. Esta cifra sería el resultado de coimas, sobreprecios, irregularidades en la exportación de crudo, importación de derivados, entre otros.
En el caso de la ahora vice presidenta que renuncia se habla, de acuerdo a la declaración juramentada de su ex asesor en la Asamblea Nacional, Ángel Sagbay, de pagos y transferencias de una parte de sus remuneraciones entre el 2011 y 2013, cuando Vicuña fue asambleísta. Hay igualmente otra denuncia en curso de otra ex asesora, quien afirma también haber realizado depósitos a la cuenta personal de Vicuña por un monto aproximado de USD 14 650.
De acuerdo al criterio de varios entendidos, si se llegasen a comprobar estas denuncias, la vice presidenta tendría que enfrentar un juicio por concusión. De acuerdo al Art. 281 del COIP (Código Integral Penal) este delito tiene como sanción la pena privativa de la libertad de 3 a 5 años. Si esto fue inducido mediante violencia o amenazas, la sanción sería de 5 a 7 años.
Vicuña, de su parte, ha confirmado el cobro de estos valores, aclarando que, pese a haber sido depositados en su cuenta personal, eran un aporte de sus ex colaboradores al movimiento político Alianza Bolivariana Alfarista (ABA). No obstante, el criterio de los denunciantes es otro.
Es cierto que este tipo de prácticas no son nuevas en el parlamento. Hay algunos asambleístas que han incurrido en el pasado en este tipo de cobros indebidos, los cuales están reñidos con la legalidad y la ética. Tampoco esto se justifica cuando se compara con los montos. La sanción por los delitos de concusión debería aplicarse por igual: sea por mil, diez mil o millones de dólares.
Hace unos meses atrás tuvo que renunciar el vicepresidente del Uruguay. No cometió ningún delito. La falta e indelicadeza fue haber usado la tarjeta de crédito que le da el Estado para gastos personales. Estamos hablando de cerca de USD 400.
En el caso de Vicuña llama la atención la tozudez. Rechaza el cometimiento de una falta grave a la ética pública. Supongo que este tipo de comportamientos eran generalmente aceptados entre quienes formaron parte del correísmo. Por ello, deberíamos todos asumir de que esto es normal y no ha habido el cometimiento de una falta.
En este caso ha sido oportuna y acertada la decisión del Presidente de “liberar” de sus funciones a la vicepresidenta. Sin embargo, su postura debería ser más firme por una cirugía mayor con la corrupción.