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La continuidad no equivale a inmovilismo. Continuar no significa aceptar la injusticia ni preservar instituciones ineficaces. Significa reformar sin destruir innecesariamente, corregir sin borrar la memoria y comprender que la estabilidad puede ser una plataforma para el cambio. Los países que avanzan no son aquellos que jamás modifican su rumbo, sino los que pueden hacerlo sin perder cada vez todo lo construido.
Esta capacidad de continuidad depende, en buena medida, de la existencia de un servicio público profesional. Cuando cada gobierno reemplaza a funcionarios técnicos para distribuir cargos entre partidarios, el Estado pierde conocimiento y vuelve a aprender las mismas lecciones. La administración pública se convierte entonces en extensión de la competencia electoral y no en una estructura permanente al servicio del país.
Profesionalizar el Estado no significa expandirlo indefinidamente. Significa exigir mérito, competencia, responsabilidad y evaluación. Un Estado profesional puede ser más pequeño y, al mismo tiempo, mucho más capaz. Necesita menos funcionarios nombrados por lealtad y más servidores seleccionados por conocimiento. Debe remunerar adecuadamente el talento que requiere, pero también separar a quien no cumple. La estabilidad no puede convertirse en impunidad, del mismo modo que la flexibilidad no puede utilizarse para imponer obediencia política.
Las empresas, por su parte, tienen una responsabilidad que va más allá de reclamar mejores condiciones. La libertad económica necesita una cultura empresarial comprometida con la competencia, la innovación y la legalidad. Cuando una empresa busca prosperar mediante privilegios, protecciones o relaciones exclusivas con el poder, debilita el mismo mercado que dice defender. El capitalismo sin competencia degenera en mercantilismo: las ganancias dependen menos de servir al consumidor que de asegurar el favor de la autoridad.
Una verdadera economía de mercado requiere empresarios, no cortesanos. Necesita personas dispuestas a asumir riesgos, invertir, mejorar productos, abrir mercados y reconocer que el beneficio legítimo surge de crear valor para otros. También necesita una sociedad que deje de mirar toda ganancia como sospechosa. Sin la posibilidad de obtener beneficios, no existe inversión sostenible; pero sin reglas y competencia, el beneficio puede transformarse en renta extraída de la sociedad.
El Ecuador deberá reconciliarse tanto con la iniciativa privada como con la responsabilidad pública. Durante demasiado tiempo hemos oscilado entre dos simplificaciones: la idea de que el Estado puede producir por sí solo el desarrollo y la creencia de que basta retirarlo para que la prosperidad aparezca espontáneamente. La experiencia demuestra que las naciones exitosas construyeron una relación más compleja: un Estado capaz de establecer reglas y bienes públicos, una empresa privada libre para crear y una sociedad vigilante para impedir que ambos se capturen mutuamente.
También las universidades deben preguntarse qué papel desean desempeñar. Una universidad no puede limitarse a entregar títulos ni convertirse en refugio de debates desconectados de la realidad. Debe producir conocimiento, formar criterio y vincularse con los desafíos del país. La investigación no es un lujo reservado a sociedades ricas. Es una de las actividades que permiten dejar de ser pobres.
Pero la universidad tampoco debe subordinarse por completo a las necesidades inmediatas del mercado. Una sociedad necesita ingenieros, científicos y emprendedores, pero también historiadores, filósofos, artistas y ciudadanos capaces de comprender el sentido de las transformaciones que atraviesan. El conocimiento técnico sin reflexión ética puede producir herramientas poderosas sin enseñarnos para qué utilizarlas. El humanismo sin capacidad práctica puede formular grandes preguntas sin transformar la realidad. El futuro requiere ambos.
La sociedad civil completa este tejido. Las asociaciones, fundaciones, gremios, comunidades religiosas, organizaciones culturales y movimientos ciudadanos crean formas de cooperación que no dependen enteramente del Estado ni del mercado. En ellas las personas aprenden a organizarse, deliberar, resolver problemas y confiar unas en otras. Una democracia no vive solamente en el Parlamento o en las elecciones. Vive también en los espacios donde los ciudadanos practican cotidianamente la libertad y la responsabilidad.
Cuando esos espacios se debilitan, el individuo queda aislado frente al poder y la política se vuelve la única forma de acción colectiva. Todo problema reclama entonces una solución estatal y toda diferencia se convierte en disputa por controlar al Estado. Una sociedad fuerte, en cambio, puede resolver parte de sus desafíos mediante cooperación voluntaria y exigir con mayor independencia aquello que corresponde a la autoridad.