Gonzalo Ruiz Álvarez

Urge vigilia por transparencia

valore
Descrición
Indignado 1
Triste 0
Indiferente 0
Sorprendido 1
Contento 40
Viernes 07 de junio 2019

En los tiempos que corren la gente se preocupa más por la falta de trabajo y la desesperante pereza de la economía que por la corrupción.
A la falta de empleo y la situación económica los estudios de opinión suman el vértigo que genera la inseguridad.

Se repite, no sin algo de razón, que el tema de la corrupción es asunto que discuten las élites, aquellas que no tienen problema con pasar hambre y gozan de cierto bienestar.

Pero la gente de todos los estratos entiende que los dineros públicos no deben ir a formar nuevas fortunas, que los nuevos ricos, con sueldos de clase media no debieran tener mansiones de un millón de dólares o más. En suma, que aquí ronda, con boato y acreditación social, más de un ladrón. Allí, la frase de Julio César Trujillo, cuyo legado debe preservarse como ejemplo cívico y honradez, sí que retumba: ‘ Me podrán decir viejo pero no ladrón’.

La gente entiende con más claridad la palabra ladrón que la entelequia de corrupción. Y sabe que los ladrones deben ocupar un lugar en la cárcel y piensa que sus fortunas deben volver a las arcas fiscales. E intuyen que las amistades peligrosas forjadas, por ejemplo ,con países de poca o nula tradición democrática pudieron haber tenido el exclusivo propósito de ocultar el dinero mal habido, allá donde la trazabilidad no llega.
El financiamiento de las campañas electorales, por ejemplo ha tenido en el país una vieja discusión. Si algunos grupos económicos poderosos aportaban por igual a las campañas con alguna opción de ganar elecciones parecía cosa común.

El colapso de las colectas hizo crisis cuando en una campaña, un propietario de un banco aportó millones, fue el prólogo de un tiempo donde la crisis bancaria desbarató al sistema, quebró a miles de personas y derrumbó al gobierno. Esa foto no debe repetirse. Las lecciones deben aprenderse y blindar la política contra esos riesgos.
Entonces se limitó el financiamiento personal. Es apenas obvio que las empresas privadas no deben aportar a las campañas. Si lo hacen y luego obtienen contratos con el Estado, está mal. Es imposible no pensar en compadrazgos.

Para compensar el dinero de las campañas el Estado se hace cargo de un fondo de reposición de gasto electoral y la publicidad elegida por los candidatos pasa directo a los medios, por ejemplo. Visto estuvo, el sistema tiene vicios y acaso corruptelas. Los 80 000 candidatos de la última elección y los casi 300 partidos y movimientos nos ilustran.

El Código de la Democracia que exige reformas urgentes y en tiempo breve - para modificar las reglas de juego antes de las elecciones presidenciales de 2021 debe construirse un sistema justo y transparente. Normas que permitan más democracia.

Y un apunte, que las denuncias conocidas como arroz verde se contrasten y diluciden en la justicia y si hay dineros mal habidos que esa justicia caiga sobre los responsables con todo el rigor de la ley.