La crisis fiscal golpea duro a las universidades, de las que hay por lo menos 57. La afectación es distinta para las públicas (32) que para las privadas, sean cofinanciadas (8) o autofinanciadas (17).
A las públicas se le recortaron las asignaciones en 10%, un total de USD 98 millones, como respuesta a la reducción de ingresos presupuestarios. Las universidades solicitaron a la Corte Constitucional medidas cautelares, y el recorte se encuentra suspendido. Las menores asignaciones es uno de los causales para el pedido de juicio político al Ministro de Economía.
El ministro se defiende, indicando que la asignación a las universidades es una proporción de los ingresos fiscales, y que estos han disminuido. Lo cual es cierto, y las universidades van a tener que ajustarse. Tienen que ver qué gastos expandieron durante la bonanza, y que ahora tendrán que recortar. Las entidades públicas son propensas a tener exceso de personal administrativo, y algunas de las universidades públicas han de incurrir en esa práctica. Trece universidades ejecutaron el año pasado menos del 85% del presupuesto, y son las que tendrán menos dificultades presupuestarias.
La solución para el futuro es que el gobierno recorte gastos de servicios generales para destinar más a la inversión, en particular educativa y salud. Las universidades deben apoyar, incluso promover, ese cambio de prioridades. El acceso a educación superior de calidad pero a bajo costo es indispensable para la superación de la juventud inteligente de modestos recursos económicos: nivela las oportunidades.
Para las privadas, el impacto es más duro. La crisis incide en la disminución del número de estudiantes. Adicionalmente, la Ley de Apoyo Humanitario dispone el aumento de becas, reducción de pensiones, y la no suspensión de servicios a los estudiantes en mora de sus pensiones, como si a las universidades le sobrara la plata. Algunas han recurrido a reducir el sueldo a los profesores.
Las cofinanciadas reciben fondos del fisco pero no para gastos corrientes, sino para cubrir becas. En la entrega de estos fondos, hay retrasos. Estas universidades tienen en conjunto 150 mil estudiantes, de los que 50 mil son de escasos recursos y por lo tanto atendidos con los fondos fiscales hoy rezagados.
Lo que es particularmente inaceptable es que a las privadas, tanto autofinanciadas como cofinanciadas, se les retenga el IVA que se les debe devolver, lo que no se ha hecho en tres años.
En octubre, el Presidente dispuso el reintegro automático, pero no se cumple. Les deben millones no devueltos, mientras se les conmina a seguir reteniendo impuestos y entregarlos al SRI.
La quiebra de universidades privadas significaría más demanda de cupos en las universidades públicas, e implicaría una pérdida de diversidad en la oferta universitaria.