No podemos retroceder ni transigir en un tema tan sensible para el pluralismo informativo, la libertad de expresión y los derechos ciudadanos…
Esta semana se ha anunciado que una comisión multisectorial del Poder Ejecutivo del Perú se encargará, en dos meses, de elaborar un proyecto de ley sobre radiodifusión estatal; entretanto, se traslada el Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP) del Ministerio de Cultura a la Presidencia del Consejo de Ministros.
La primera observación es que la transferencia pudo esperar hasta que la mencionada comisión presente sus conclusiones.
La segunda es que llama la atención que no se haya incluido a representantes de la sociedad civil en tal comisión.
Y, la tercera apunta a reclamar un urgente y dinámico debate sobre la materia, no solo para poner candados a la más mínima posibilidad de controlismo, cooptación y uso propagandístico gubernamental, sino también para avanzar decididamente a la conversión de los medios de comunicación estatales en medios públicos, al servicio de la nación y no de una agenda gubernamental.
Como se da en otros países desarrollados, la televisión pública puede y debe ser un gran instrumento de descentralización, educación, difusión, integración y promoción cultural.
De allí que debe garantizarse su manejo plural y autónomo, a partir de un directorio con las mismas características que propugne una gestión eficiente, sin proselitismo, clientelismo ni, menos aún, interferencias politiqueras.
Así lo determina la tendencia y la doctrina democrática, el respeto al derecho de los ciudadanos –que somos los que financiamos estos medios, que pertenecen a todos los peruanos– y también el mandato de las ánforas: durante la campaña y ya investido como presidente, Ollanta Humala se manifestó en tal sentido.
En el caso del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú IRTP (que integran TV Perú, Radio Nacional y Radio La Crónica) llegó a puntualizar que su gobierno buscaría que fuese una entidad plural, autónoma e independiente del Ejecutivo y representativa de los sectores sociales y mediáticos.
Es lo que corresponde en democracia.
No podemos retroceder ni transigir en un tema tan sensible para el pluralismo informativo, la libertad de expresión y los derechos ciudadanos.
Por ello invocamos al Primer Mandatario a hacer las correcciones pertinentes, actuar con coherencia y retomar, bajo criterios democráticos y técnicos, el proceso de reingeniería cualitativa que transforme sobre todo a la televisora estatal en un canal público, participativo y plural, libre de cualquier sospecha de sometimiento al poder.