Comete traición a la patria no solamente quien ayuda al enemigo, sino aquel que socava las instituciones del Estado, atenta contra la democracia, engaña a los ciudadanos y malgasta su tiempo -pagado por los impuestos – en chanchullos y componendas politiqueras. O, todavía peor, colabora con un prófugo de la justicia en su desesperación por quitarse de encima una sentencia que le condena a 8 años de cárcel.
Así procede una mayoría de asambleístas que intentaron destituir al presidente de la República en junio de 2022, luego del asalto a Quito por una horda de revoltosos entrenados en guerrilla urbana y manejo de armas de fabricación casera. En esa oportunidad, también se produjo una innegable adulteración de la votación en la Asamblea, que sigue impune.
Sin desconocer la ineficiencia del gobierno, ese grupo está ahora nuevamente empeñado en destituir a Lasso. Armaron una comisión ad-hoc manejada por correístas y sus áulicos para, dizque, elaborar un informe sobre las actuaciones del presidente, que darían lugar a su enjuiciamiento político. Y el documento no podía ser otro que un mamotreto jurídico, seguramente efecto de la desnutrición infantil, que tanto daño ha causado al país. ¿Qué legislación adecuada a las necesidades de la nación, pueden generar quienes carecen de pensamiento lógico, de elementales conocimientos jurídicos y no pueden redactar sin destrozar el idioma? Pero el daño está hecho. Acomodar a sus intereses las normas constitucionales para cambiar el gobierno a medio período, con la posibilidad de que el capo vuelva a captar el poder, ha hecho que el riesgo país alcance 1.850 puntos básicos, lo cual vuelve imposible que el Ecuador pueda acceder a los mercados internacionales para sustituir los bonos que se vencen a partir del 2025, pues deberían tener una tasa de interés no menor de al 22%. Este comportamiento sí es traición a la patria.