Aunque el caso estalló en julio pasado, los entretelones del tráfico de pases en la Policía solo se conocieron esta semana y evidencian graves problemas estructurales.
La captura de dos agentes que eran parte de la red, quienes huyeron a Colombia por supuestas amenazas, y su traslado al país mostró el alcance del hecho: entre 3 000 y 5 000 policías pagaron sobornos de hasta USD 2 000 para ser trasladados.
Cómo se movilizó a tanto personal sin que la Policía y sus diferentes organismos de control interno se percataran. Los servicios de inteligencia, tan diligentes y exitosos para desmantelar bandas delictivas, en este caso no dieron alertas oportunamente. Incluso el entonces comandante de la Policía esta detenido y enfrenta un proceso junto a decenas de uniformados.
No es nuevo el diagnóstico de que el sistema de pases, que es el germen de este problema, necesita ser reformado. Desde hace varios años en la Policía se estudia la necesidad de que los uniformados trabajen en sus sitios de residencia y no sean movidos por el costo que eso implica para el Estado y sus familias. Incluso se implementó el Plan Nacional de Pases que establece, entre otras cosas, que solo los agentes más jóvenes y solteros sean trasladados.
La venta de pases evidencia la necesidad de apuntalar esa iniciativa.
Lo sorprendente es la versión en la que coinciden al menos seis de los implicados en el sentido de que el dinero recaudado por un teniente, señalado como el cabecilla, habría sido destinado hacia figuras políticas del Régimen como el ministro José Serrano y para Alianza País. Estos testimonios han sido rechazados por el Ministro y representantes de AP. Según Serrano, su cruzada contra la delincuencia le granjeó enemigos que ahora tratan de desprestigiarlo. Y que fue él quien denunció las irregularidades.
Para la sociedad queda la incógnita de cómo la corrupción se infiltró en una institución que vela por el cumplimiento de la ley.