No solo asuntos políticos, que son fundamentales en la coyuntura tras los nefastos 10 años del correísmo, debieran estar en la próxima consulta popular, que ha prometido convocar el presidente de la República. Si bien no hay que exagerar con preguntas y contenidos largos, se impone incluir temas sociales y económicos, reclamados por la mayoría ciudadana.
Salud y la derogatoria de la tabla de consumo de drogas, que estableciera el correísmo y que ha permitido que crezca y prolifere el microtráfico, que ha introducido a este mal a los menores de edad y jóvenes. Educación y el acceso a las universidades, que tanto ha afectado a familias por las acciones del régimen anterior. Seguridad social y la restitución del 40 % para el fondo de pensiones jubilares, que eliminó el anterior gobierno, porque a un sistema previsional hay que medirle no por lo que tiene hoy sino las previsiones y proyecciones a futuro. Según el reciente informe de la OIT, para este año el IESS tiene un déficit consolidado de USD dos mil millones, la mayor parte del fondo de pensiones.
Recuperación del empleo y derogatoria de la Ley de Plusvalía, que tiene en crisis al sector de la construcción e inversionistas. Estos problemas son sensibles y no son regresivos en derechos como argumentan los seguidores ovejunos.
En lo político tiene que estar el combate contra la corrupción y la impunidad. La derogatoria de las enmiendas y la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana, que fracasó e incumplió el mandato constitucional de la lucha contra la corrupción y en el nombramiento de las autoridades de control, que evidenciaron complicidad y ayudaron a la impunidad (el caso del último Contralor). Ellos provienen de su vinculación con el correísmo. Al pueblo le consultaron sobre las peleas de gallos y los casinos y por qué no estos temas fundamentales.
Frente a esto se presenta la ceguera política de quienes tienen comportamiento ovejuno, seguidores obnuvilados del modelo autoritario, antidemocrático, intolerante, abusivo de DD.HH. y libertades, concentrador del poder y con tanto acto de corrupción e impunidad que se conoce hoy. Por cierto no son todos. Dentro del propio sector hay gente reflexiva y autocrítica, que incluso respaldaron al gobierno anterior pero que se dan cuenta que frente a tantos errores y abusos en los 10 años hay la necesidad de rectificar, introducir cambios y apoyar la política del Presidente de un diálogo abierto, recuperación plena de la democracia, de sus instituciones y fundamentalmente combatir la corrupción y la impunidad. No concuerdan con la defensa a ciegas del vicepresidente de la República, que está procesado judicialmente en el caso Odebrecht y con serias presunciones de corrupción, ni con los cerrados cuestionamientos a las propuestas del primer mandatario.