Una de las grandes apuestas de la administración pasada fue ‘devolver’ al Estado un rol protagónico en la economía. Con buenos precios del petróleo por delante, el Gobierno optó por crear empresas para todos los gustos: parques, fármacos, importaciones, televisión, cemento, minas, conocimiento, entre otras.
Sin la preocupación de los ingresos y con órganos de control con la mirada hacia otro lado, los gastos de estas empresas se multiplicaron a niveles muy altos. Todo esto, mientras las empresas privadas dedicaban sus esfuerzos a atender las resoluciones oficiales relacionadas con reformas tributarias, restricciones a las importaciones, etc.
Ahora los balances muestran los malos resultados del ‘Estado empresario’: solo el año pasado, 21 empresas públicas registraron pérdidas por USD 1 575 millones. Además, en seis de nueve años de operación, estas compañías han arrojado déficit.
Debido a esa mala gestión y la falta de control, ahora el Ejecutivo anuncia que cerrará empresas, que pedirá exámenes especiales a la Contraloría y hasta anuncia la contratación de auditorías internacionales para verificar cómo se administraron los recursos públicos en Tame, Yachay, Correos, Enfarma, Enami, Ferrocarriles, cuyas pérdidas, como siempre, las asumen los ecuatorianos.
Cuando se creaban estas empresas, sus mentores apuntaban hacia grandes objetivos. Por ejemplo, Enfarma anunció destinar USD 156,7 millones para un complejo farmacéutico y lograr en el 2017 la producción de 82 medicamentos de uso humano. Nada de eso pasó.
Otra situación crítica es la de Tame, que expandió sus destinos dentro y fuera del país sin la debida consolidación del modelo de negocio en el mercado internacional e incluso esperaba ampliarse al transporte de carga. Todo eso atado a una infraestructura aeroportuaria que no se usa. Ni siquiera sus balances estaban actualizados y ahora cada vez más son recurrentes las cancelaciones de sus vuelos.
Las empresas públicas, otro capítulo que el país espera una efectiva rendición de cuentas.