La seguridad vial: cultura y punición

La Organización Mundial de la Salud estima que cada año, 1,19 millones de personas fallecen debido a accidentes de tránsito. A las muertes anuales, se unen cifras escalofriantes de víctimas no mortales, que se calculan entre 20 y 50 millones personas que sufren lesiones, muchas de las cuales pueden resultar en discapacidades, sin contar los perjuicios económicos cuantiosos. ¡La accidentología está reconocida como un problema de salud pública global por la OMS!

Las principales causas de los siniestros de tránsito en el Ecuador son: imprudencia o impericia al conducir, exceso de velocidad, incumplimiento de señales de tránsito, consumo de alcohol y uso del teléfono móvil mientras se conduce. También han incidido la eliminación de los radares en calles y carreteras.

En 2026, Ecuador enfrentó un aumento significativo en los accidentes de tránsito. Las cifras representan un aumento de 1 000 accidentes en comparación con el año anterior.

Los siniestros viales han tenido un impacto considerable en la salud pública, siendo la segunda causa de atención médica en hospitales públicos. Uno de cada cuatro pacientes en emergencias públicas llega por un siniestro de tránsito, lo que representa un desafío significativo para el sistema sanitario nacional. La situación de seguridad vial en Ecuador es crítica, y se requiere un enfoque integral para reducir la mortalidad y mejorar la seguridad en las carreteras del país.

La OMS desarrolla la iniciativa Decenio de Acción para la Seguridad Vial (2021-2030), que busca reducir las muertes y lesiones por accidentes de tránsito en al menos un 50% para 2030. La seguridad vial es un problema de salud pública crítico que requiere acciones urgentes.

A los temas de salud públicas -con pérdidas de vidas hunanas- se unen los efectos económicos y sociales de esta desgraciada enfermedad- ¡Mil millones de dólares se pierden cada año! Y lo más grave es la crisis de institucionalidad para prevenir y resolver este problema estructural, la ausencia del Estado en muchos casos (retiro de radares y controles de velocidad esporádicos), y la falta de una propuesta de política pública de seguridad vial, que coordine programas y proyectos permanentes – ¡No campañas, por favor! -, con estrategias de comunicación de la largo plazo y por resultados, y una cultura vial y punición firmes.

¡Porque todos estamos en peligro!